La Consejería de Educación ha dejado en la calle a decenas de profesionales que llevan años atendiendo a niños con problemas motores, con TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo) o Trastorno de Espectro Autista (TEA) en centros públicos ordinarios o de educación especial. Fisioterapeutas, integradores sociales, enfermeros o técnicos han sido despedidos por la Administración y no cuenta con ellos para este nuevo curso al haber superado un periodo de contratación de 24 meses. 

Por esa razón, un centenar de personas se han concentrado frente a la sede madrileña de Educación para pedir a Lucía Figar que reincorpore a los trabajadores ya que, en palabras de la portavoz de Educación de Izquierda Unida -Eulalia Vaquero-, 'es una brutalidad lo que están haciendo con los niños que más lo necesitan'. La concentración estuvo convocada por el sindicato CCOO quién pidió autorización a la Delegación del Gobierno para su celebración.

La Consejería se ha aferrado en el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a hacer fijo a cualquier trabajador que encadene más de 24 meses de trabajo a lo largo de 30 meses en dos o más contratos. Para evitar contratarles indefinidamente, estos profesionales se han ido a la calle dejando a cerca de 1.500 niños de entre 0 y 6 años sin atención personalizada y gratuita en su centro de enseñanza. 

Los profesionales se han ido a la calle dejando a cerca de 1.500 niños sin atención personalizada

'Es un sinsentido', ha declarado Vaquero a Público, 'los profesionales no han acudido a los centros, los niños están sin atender y les están dando largas a las familias, disimulándolo como un periodo de adaptación, cuando la realidad es que no hay ninguna persona que se encargue de estos niños'.

La consejera de Educación, Lucía Figar, llamará a personas que estén inscritas en el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal) o que lleven poco tiempo trabajando para la Comunidad de Madrid, saltándose así la orden de la bolsa de trabajo que se creó en 2002 . Esto significa que más del 80% de los integradores sociales que trabajan en las 104 aulas TGD que hay en la comunidad serán despedidos y sustituidos a través de las demandas de empleo generadas en el Sepe.

De las 64 plazas eventuales de fisioterapeutas que hay en la comunidad , sólo 15 se han cubierto con la bolsa de trabajo, es decir, con personas que no superaban los 24 meses trabajando. Para cubrir el resto de vacantes, la comunidad tirará de parados. Según muestran los profesionales afectados, la oferta en el Sepe sólo pide un mes de experiencia .

'No existen las cuestiones técnicas para alguien que tiene el poder', declara Vaquero

'Les dejan tirados en la calle sin ningún remordimiento y sin querer saber nada de la situación', ha explicado la portavoz de IU. Por ello, el grupo parlamentario ha registrado con insistencia una comparecencia de la consejera ya que en el mes de septiembre no existen comisiones ordinarias ni plenos. 'Hemos llamado  varias veces a la Consejería', ha declarado Vaquero, 'nos dicen que es una cuestión técnica pero no existen las cuestiones técnicas para alguien que tiene el poder del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid'. 

Desde hace varios años, los profesionales eran contratados por obra y servicio, curso tras curso, por la Comunidad de Madrid pero éste, los que hayan trabajado más de 24 meses seguidos, no podrán mantener su empleo. De esta forma, los integradores y educadores sociales que ayudan a los alumnos a superar sus bloqueos que les impiden interactuar con el mundo, no podrán seguir haciéndolo.

'Es un trabajo que necesita mucha continuidad porque son niños  muy especiales', explica Eulalia Vaquero, 'que necesitan un tiempo para adaptarse a ese profesional que debe ser de referencia y que lleve años con ellos para que sepa cómo va el centro y cómo son sus alumnos'.

Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictaminaron que 'la consejería no puede hacer contrato de obra y servicio a estos trabajadores', ya que realizan funciones cuya 'necesidad es permanente', explica el abogado del colectivo, Miguel Ángel Santalices, informa Efe. 'En vez de corregir el tipo de contrato, pasándolo a fijo discontinuo, la consejería prefiere contratar a gente del paro', por lo que los afectados 'están abocados a presentar demanda por despido' y serán los juzgados de lo Social los que primero se pronuncien, según Santalices, para quien 'lo lógico sería hacerles contrato interino hasta que se cubra la plaza mediante oposición'.