El sistema actual de financiación autonómica, acordado en 2001, adolece de muchas deficiencias, puestas de manifiesto por las comunidades autónomas desde hace tiempo. Los sistemas de financiación contenidos en los nuevos estatutos autonómicos han supuesto nuevas propuestas de reforma del sistema actual, lideradas por Catalunya. La tarea que ha tenido que realizar el Gobierno central es encajar un nuevo sistema de financiación que se adecúe a los estatutos y que no perjudique a ninguna comunidad, sino más bien todo lo contrario, que todas experimenten cierta mejora con el sistema propuesto. El objetivo parece haberse logrado. La tarea no era fácil al tener que partir de la situación actual, donde las diferencias de financiación per cápita entre las comunidades autónomas son notables sin que respondan a un criterio justificado. La propuesta presentada por el Gobierno supone un cambio fundamental respecto a la situación actual, y nos lleva a una financiación más en la línea de un sistema federal.

El primer elemento a destacar de la propuesta es la aportación adicional de recursos que realiza el Gobierno central al sistema, de unos 11.000 millones de euros. La cifra parece adecuada para compensar el crecimiento de las necesidades de gasto que han experimentado las comunidades autónomas desde el último acuerdo de financiación, a causa primordialmente del incremento de la población por el fenómeno inmigratorio y no haberse revisado el sistema, ya que el último acuerdo no lo preveía.

El segundo punto positivo es que el nuevo sistema de financiación incrementa la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas. Los porcentajes de participación autonómicos en los grandes impuestos estatales aumentan, pasando en el caso del IRPF del 33% actual al 50%, en el del IVA del 35% al 50% y en el de los impuestos especiales del 40% al 58%. Además, las comunidades autónomas podrán incidir, dentro de un mayor margen que el actual, sobre elementos esenciales de los impuestos, como la base imponible, el tipo impositivo, las deducciones, etc. Todo ello revertirá en una mayor autonomía tributaria.

La tercera característica relevante del nuevo sistema es que por primera vez habrá un criterio explícito de equidad o solidaridad entre las comunidades autónomas. El 75% de los ingresos tributarios autonómicos se reparten equitativamente, y el 25% restante revierte en las arcas de los gobiernos autonómicos, beneficiándose directamente del esfuerzo fiscal que realizan sus ciudadanos.

Más concretamente, el 75% de los recursos tributarios autonómicos más una aportación adicional del Estado se reparte entre las comunidades autónomas de acuerdo con la población ajustada con criterios relativos al coste de los servicios públicos, como la población en edad escolar, la población mayor de 65 años, la superficie, la dispersión de la población y la insularidad. Su objetivo es garantizar que todas ellas puedan prestar los servicios fundamentales del Estado del bienestar (educación, sanidad, servicios sociales) en igualdad de condiciones.

Este reparto conduce a que todos los ciudadanos tengan los mismos recursos en términos de población ajustada para la provisión de los servicios esenciales del Estado del bienestar con independencia de la comunidad autónoma de residencia. La distribución de estos recursos se actualiza anualmente, lo que da al sistema estabilidad en el tiempo.

El cuarto eje característico de la nueva financiación es que el resto de los recursos autonómicos provendrán del 25% de los ingresos tributarios que no van a financiar el Estado del bienestar y de los fondos de convergencia y de suficiencia global. Los fondos de convergencia están formados por el de competitividad, que su objetivo es compensar aquellas comunidades que actualmente tienen una financiación per cápita por debajo de la media, y el de cooperación, repartiéndose entre las comunidades con menor riqueza relativa o que hayan perdido población. Finalmente, el fondo de suficiencia global cierra el sistema garantizando el statu quo de las comunidades autónomas y que todas experimenten una mejora respecto de la situación actual.

Por último, una quinta característica es que el sistema entra en vigor con efectos de 1 de enero del 2009 y la aportación adicional que realiza el Estado se realiza gradualmente hasta el 2012.

Concluyendo, los resultados de este cambio en la financiación autonómica han de permitir una distribución de los recursos más justa que la existente actualmente, disminuyendo sustancialmente las diferencias actuales de financiación per cápita entre las comunidades autónomas.