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La burbuja de la corrupción

Gran parte de las operaciones fraudulentas investigadas tienen su raíz en la explosión del mercado inmobiliario

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Una investigación de varios años rompía aguas el pasado martes cuando la operación Pretoria daba lugar a las primeras detenciones de ex altos cargos de los gobiernos de CiU, el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz; el ex diputado autonómico del PSC, Luis García, y otros, en Catalunya. Detrás de los bastidores de la actividad del juez Baltasar Garzón y el fiscal anticorrupción Luis Pastor había un nutrido grupo de inspectores de hacienda.

Víctor Morena, actual responsable de la Oficina Nacional de Investigación de Fraude Fiscal de la Agencia Tributaria, estaba, entre otros, al pie del cañón. Morena, inspector fiscal, había estado al frente de la unidad de inspección de Catalunya en la Agencia Estatal de Administración Tributaria hasta 1996. En enero de 1996 se le adjudicó la aventura de sentar las bases de la Fiscalía Anticorrupción, un organismo creado en 1995 por Felipe González tras una etapa donde los escándalos habían brotado como hongos.

Detrás de Garzón hay un nutrido grupo de inspectores de hacienda

Uno de ellos, precisamente, había tenido lugar en Catalunya. Carlos Jiménez Villarejo, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Catalunya, venía de protagonizar un serio intento de investigar los avales concedidos por la Comisión de Ayuda para la Reconversión de la Industria Catalana (CARIC) a empresas vinculadas a consejeros del Gobierno de Jordi Pujol para garantizar,a su vez, préstamos solicitados a entidades financieras.

El fiscal jefe del TSJ catalán, pues, se había metido en un sacrosanto círculo de poder representado por Macià Alavedra, Antoni Subirá, Joan Hortala, Vicenç Oller, Josep Basañez y otros. Uno de los avales bajo sospecha también había ido a parar a una empresa que gestionaba la esposa del entonces secretario general de la Presidencia de la Generalitat, Lluís Prenafeta.

Fue un joven fiscal llamado Carlos Castresana quien había realizado el informe sobre la ilegalidad de los avales concedidos por CARIC. Algunos fiscales de la época consultados recuerdan que acogieron con aplausos la propuesta de iniciar una acción penal contra los consejeros. Pero el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, después de dos meses de dilaciones, terminaría por prohibir a Jiménez Villarejo la investigación.

Salinas llegó a Anticorrupción de la mano de Cardenal

Cuando Villarejo empezó a construir los cimientos de la Fiscalía Anticorrupción, por tanto, pensó en Morena, cuya trayectoria conocía directamente por haber trabajado en Catalunya. De modo que el 29 de enero de 1996, el inspector Morena Roy era designado jefe de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Anticorrupción, al mando de un equipo cuyo cometido era estudiar las presuntas operaciones delictivas relacionadas con la corrupción y servir de base científica para las acciones de la Fiscalía.

Jiménez Villarejo superó la prueba de Eligio Hernández y consiguió construir la Fiscalía Anticorrupción, pero no se salvó de la guillotina que le preparaban desde 2002 el ministro de Justicia, Juan José Michavila, y el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal. La operación se precipitó cuando Villarejo pretendía investigar el tamayazo tras las elecciones autonómicas de 2003 en Madrid. Cardenal nombró a Antonio Salinas, hasta entonces fiscal del Supremo, en sustitución de Villarejo. Poco tiempo antes de su salida se había incorporado a Anticorrupción el fiscal Luis Pastor tras nueve meses como asesor del ministro de Justicia, José María Michavila, y después de haber prestado servicios, a partir de 1998, en la Agenciade Cooperación Internacional.

Por su parte, Víctor Morena dejó Anticorrupción para pasar a la Agencia Tributaria, donde más tarde era nombrado jefe de la Oficina de Investigación de Fraude Fiscal. Desde allí siguió investigando los casos de grandes fraudes. Su frase favorita: 'Los paraísos fiscales están en el paseo de la Castellana'

El fiscal anticorrupción Luis Pastor fue asesor de Michavila

Pero, mira por dónde, cuando los socialistas ganaron las elecciones de marzo de 2004, el nuevo fiscal general, Cándido Cónde-Pumpido, decidió confirmar a Antonio Salinas al mando de la Fiscalía Anticorrupción. Ambos se conocían por haber coincidido durante años en el Tribunal Supremo, uno como magistrado de la Sala Segunda y otro como fiscal.

Por tanto, Salinas y Pastor, dos hombres que habían actuado en el ámbito de la Administración de Justicia con el PP, son los mismos que durante estos años han impulsado las investigaciones de los casos de corrupción en una de las etapas de mayor demanda. Porque gran parte de las operaciones fraudulentas investigadas tienen su raíz en la burbuja inmobiliaria, una burbuja que la recalificación del suelo en los ayuntamientos de todo el país contribuyó a inflar. Aquí yace la base de la nueva vuelta de tuerca de corrupción y enriquecimiento que afecta de manera transversala partidos, comunidades autónomas y ayuntamientos.