El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha propuesto en el Congreso un gran acuerdo social para situar la Justicia en el siglo XXI, para el que los grupos políticos le han pedido un calendario, y ha anunciado que destinará en los próximos 3 años 600 millones de euros a un plan de informatización.

En su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso desde su toma de posesión, el nuevo ministro ha pedido este gran acuerdo para lograr la informatización del sistema judicial, diseñar un nuevo mapa judicial e impulsar fórmulas de conciliación que reduzcan la elevada litigiosidad.

También ha anunciado su intención de crear un Registro Civil de España, único y moderno, y ha apostado por abrir una reflexión sobre la posibilidad de reducir el 'complejo y nutrido sistema de recursos judiciales' que provocan dilaciones.

La puesta en marcha de un plan de informatización e infraestructuras de equipamiento para la Justicia, para el que se destinarán 200 millones de euros anuales durante tres ejercicios, pretende lograr que todos los tribunales puedan trabajar en red, conectados entre sí, y que sean accesibles para los usuarios.

Esta 'importante inyección', que supone un aumento del 48% sobre años anteriores, dará un impulso decisivo', según Caamaño, que también ha trasladado a los diputados las propuestas que ya avanzó a las asociaciones judiciales, como la convocatoria de 220 plazas de jueces y 150 para fiscales anuales y medidas para la conciliación laboral y familiar de los jueces.

El ministro ha considerado que 'los demócratas españoles debemos sentirnos profundamente preocupados' por las 'difícilmente justificables' insuficiencias estructurales de la Administración de Justicia, y ha recordado que la carga de trabajo en los juzgados ha aumentado un 50% en doce años.

Ante esta situación, ha recalcado la importancia de la implantación de la nueva Oficina Judicial, cuyo desarrollo exige 'acuerdos amplios, consistentes y duraderos' para mejorar el proyecto de ley que se tramita en el Congreso, al que se presentará una enmienda para que los jueces mantengan la facultad de señalamientos de juicios.

Para mejorar la calidad de la Justicia, el ministro ha considerado urgente reordenar la distribución de los órganos judiciales y 'dibujar un mapa judicial' que se ajuste a la sociedad a través de una nueva ley de planta y demarcación, así como reducir la litigiosidad.

Para ello, ha anunciado que remitirá al Congreso un proyecto de ley de mediación y ha expresado su deseo de acortar la duración de los procesos judiciales y de reflexionar 'muy seriamente' sobre la posibilidad de reducir el número de recursos a los 'estrictamente necesarios'.