El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha expresado hoy la disposición del Gobierno a estudiar la mejora de los sistemas de determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados y a perfeccionar los protocolos médicos forenses que se realizan en estos casos.

Así lo ha asegurado hoy el ministro ante el pleno del Congreso en respuesta a una interpelación del diputado del PNV Emilio Olabarría sobre su disposición para instar al fiscal general del Estado a dictar una instrucción en la que consten criterios homogéneos para la determinación de la edad en esos casos.

Durante su intervención, Olabarría ha criticado el desequilibrio existente en las diferentes comunidades autónomas en cuanto al volumen de acogimiento de menores extranjeros no acompañados, y que, ha dicho, superan los 800 en el País Vasco, cuando no llegan a 120 en la Comunidad de Madrid y a 100 en la Comunidad Valenciana, y mientras La Rioja se niega a aceptarlos.

El diputado ha considerado insuficientes los mecanismos establecidos en la Ley de Extranjería para acabar con estos desequilibrios y ha pedido que, al menos, se corrijan parcialmente estableciendo sistemas eficientes para determinar la edad de las personas que alegan ser menores.

En este sentido, ha asegurado que sólo en la Diputación Foral de Álava entre el 60 y el 80 por ciento de los extranjeros acogidos como menores tienen entre 28 y 32 años, situación de la que ha culpado a la dispersión de las evaluaciones pedidas por el Ministerio Fiscal.

Así -ha asegurado- mientras en algunas demarcaciones los fiscales dan por válido cualquier documento que aporten los "pretendidos" menores, que es en muchos casos falsificada y obtenida en España, otros aceptan informes médicos privados, mientras que otros recurren a los servicios públicos.

Por ello, ha pedido que sea el Instituto de Medicina Legal el que realice las pruebas para la identificación de la edad real de los "falsos menores" por el bien, ha dicho, de los menores no acompañados y que el fiscal general del Estado lo especifique así en una circular a todas las Fiscalías.

El ministro de Justicia ha considerado que la Ley de Extranjería es clara e inequívoca en los pasos a seguir en los casos de menores extranjeros no acompañados y ha recordado que el mandato constitucional de protección a la infancia obliga a todos los poderes públicos a atender el interés superior del menor.

No obstante, ha recordado que la determinación, en caso de duda, de la edad de estos menores es una medida cautelar que el fiscal ha de llevar a cabo de forma urgente y que no persigue establecer definitivamente la minoría o mayoría de edad.

Es la Administración pública competente la que puede después disponer la realización de las pruebas oportunas para la verificación más correcta de la edad, dentro de las cuales están las diputaciones forales que tienen las competencias en el País vasco, ha precisado.

El ministro ha recordado que la Ley de Extranjería acaba de ser reformada por lo que hay que darle "una oportunidad".

No obstante, y tras destacar la necesaria lealtad institucional y voluntad de colaboración de las administraciones, Caamaño se ha mostrado dispuesto a estudiar la propuesta de Olabarría, siempre que se dirija a la atención y protección del menor.