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Caja Madrid da aire a Díaz Ferrán para que pague su deuda

La entidad negocia con el presidente de CEOE que aporte más garantías al crédito de 26,5 millones. No le cesará como consejero

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Gerardo Díaz Ferrán podrá terminar su mandato como consejero de Caja Madrid. Su cese anticipado por impago del crédito de 26,5 millones de euros no manchará su curriculum porque la caja ha decidido no iniciar el procedimiento de expulsión que tenía entre manos.

El consejo de administración no tuvo ayer que cesar a Díaz Ferrán porque el presidente de CEOE, después de varios días de silencio, se ha avenido a negociar con la caja la presentación de nuevas garantías que cubran el crédito. Mientras duren estas conversaciones, el cese no se podrá producir, y aunque a partir de ahora se retomara el expediente de separación, ya no habría tiempo para materializar la expulsión porque su mandato finaliza el próximo 28 de enero.

Gonzalo Pascual, socio de Díaz Ferrán, acudió a la caja para tratar la renegociación del crédito el mismo día en que el presidente, Miguel Blesa, comunicaba al consejo de administración su intención de cesar al presidente de la CEOE como consejero por impago de dos créditos por importe conjunto de 26,5 millones.

Según fuentes del consejo consultadas por Público, Blesa les informó ayer de que inicialmente Pascual ofreció como aval un inmueble de su propiedad en la Riviera Maya, en México, pero la caja se lo rechazó porque no está interesada en más ladrillo. Actualmente, los empresarios y la caja están estudiando la posibilidad de aportar los derechos de explotación de los autobuses de Alcalá de Henares (Madrid). Los ingresos que genera la empresa son suficientes para sufragar anualmente los intereses del préstamo y, en caso de que el crédito tuviera que ser ejecutado, permitiría a Caja Madrid recuperarlo en unos diez años.

Las líneas de autobuses de Alcalá de Henares, un posible aval

El problema de estas garantías es que la caja pone como condición (y los empresarios no quieren aceptarla) que la concesión administrativa para operar esas líneas de autobuses se desagregue en una sociedad independiente, con la que la entidad pueda quedarse en caso de que el crédito resultara impagado.

El objetivo final de estas negociaciones, que pueden terminar con éxito en cualquier momento o atascarse durante semanas, es renegociar los créditos para que los empresarios tengan un plazo mayor para devolverlos. Díaz Ferrán y Pascual lo necesitan para seguir adelante y evitar la suspensión de pagos, mientras que a la caja le conviene porque si lo declara fallido y procede a la ejecución tendrá que dotar unas provisiones millonarias y verá reducida su solvencia e incrementada su morosidad, precisamente lo contrario de lo que necesita en un momento tan delicado como el actual.

Aun así, si finalmente decide hacerlo porque no ve posible hacer una renegociación satisfactoria, la caja podrá recuperar parte del crédito, ya que puede embargar propiedades personales de Díaz Ferrán y de Pascual. Precisamente, una de las peticiones de la caja para renegociar el crédito fue que aportaran más garantías personales, pero ambos se negaron. Fuentes del consejo consideran que no están dispuestos a hacerlo porque cada vez es más probable que caigan como un dominó todas las empresas de su propiedad y quieren mantener al margen su patrimonio familiar.

La caja trata de renegociar el crédito para evitar que se rebaje su solvencia

En este entramado empresarial (encabezado por Marsans y la sociedad instrumental Teinver) existe una alta posibilidad de efecto contagio entre unas y otras compañías debido a que se apoyan financieramente unas a otras (se conceden créditos y se avalan entre sí) y los problemas de una los acusan prácticamente todas. La caída de Air Comet, aseguran otras fuentes, puede ser la primera pieza del gran dominó.

Precisamente, el Juzgado de lo Mercantil autorizará esta semana a Air Comet a negociar un plan de pagos y de viabilidad durante un máximo de cuatro meses antes de quedar obligada a presentar concurso de acreedores, informa Efe. Fruto de la suspensión de los vuelos de aerolínea, que un grupo de 60 ecuatorianos ya ha denunciado ante los tribunales, Fomento ha tenido que transportar a 4.215 pasajeros, de los que 2.475 han viajado en vuelos fletados y el resto, en vuelos regulares.