Me ha informado Juan Bravo que el Ayuntamiento de Madrid ha presentado dos recursos, uno en la vía civil y otro en la jurisdicción contencioso-administrativa, contra la nueva Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid. Me ha dicho que solicitan la suspensión cautelar del proceso electoral de Caja Madrid. 'Yo los recursos no los he leído', informó Miguel Blesa, presidente de la caja, en la reunión de la comisión ejecutiva de la entidad celebrada el pasado lunes a partir de las cinco de la tarde. 'El presidente parecía tener la situación bajo control. Estaba muy tranquilo', comentó un consejero a Público. Algunos de los miembros conocían las matizaciones realizadas esa misma mañana por Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre la elección del presidente de la citada entidad en noviembre próximo. A preguntas en el programa Los Desayunos de TVE sobre si Rodrigo Rato o Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, podrían ser presidentes de Caja Madrid, contestó que en efecto podían serlo.

Y dijo también: 'Yo no he hablado con Mariano Rajoy de presidentes de Caja Madrid. Eso no quiere decir que no lo vayamos a hacer en el futuro'.

Si algo tiene Esperanza Aguirre es la transparencia del candor o, si se prefiere, la seguridad de andar por casa de la que ha mandado, manda y seguirá mandando. Que dijera por qué Rato no puede ser presidente de Caja Madrid no es una novedad. Pero que en ningún momento negara o desviara la atención sobre la candidatura de Ignacio González, que ni es ni ha sido financiero, ni ministro de Hacienda, ni se le conoce actividad relacionada con el mundo económico, tiene su miga. Por no decir, ni dijo que era nada menos que su número dos y que le iba muy bien en su puesto actual. Y la segunda cosa de interés que admitió es que hablará con Rajoy de la sustitución de Blesa en el futuro; es decir, de aquí a noviembre, cuando toca la renovación

Pero he aquí que los recursos sobre los que ha informado Juan Bravo, tercer teniente de alcalde y delegado del área de gobierno de Hacienda y Administración Pública, a Miguel Blesa, presentados el jueves pasado, día 25 de septiembre, se han convertido en un instrumento de presión de cara a una negociación para elegir al nuevo presidente de Caja Madrid.

Los recursos impugnan el nuevo reparto de consejeros (64) que corresponden a la Casa Real y a los que en un proceso ya institucionalizado el rey renuncia nada más comunicársele formalmente la convocatoria de elecciones. Hasta la ley electoral impuesta por la Comunidad de Madrid, la repartición de esos consejeros era proporcional entre todas las instituciones presentes en la Caja de Madrid: entidades representativas, empleados, Asamblea de Madrid y corporaciones municipales.

La nueva ley reparte los 64 consejeros citados entre entidades representativas, Asamblea de Madrid, y empleados. Los ayuntamientos pierden, pues, los 20 consejeros que les correspondían por prorrateo. El Ayuntamiento de Madrid plantea, además, que el incumplimiento del prorrateo, tal como se ejecutaba hasta ahora, viola la Ley Orgánica de Comunidades Autónomas, por lo que plantea una cuestión de inconstitucionalidad.

El problema es la petición de suspensión cautelar de las elecciones para evitar que se consumen los efectos de la nueva ley. Cabe la posibilidad de que la Justicia resuelva antes del mes de noviembre sobre el fondo de manera favorable a Esperanza Aguirre. Pero si un juez decidiera tomarse su tiempo y concediera la medida cautelar de suspensión, Miguel Blesa seguiría al frente de la presidencia el tiempo que lleve el proceso judicial.

Las armas jurídicas son simplemente instrumentales. En otras palabras, lo que hay en Caja Madrid es una lucha por el poder en la que el presidente actual, Miguel Blesa, representa una correlación de fuerzas antigua, en la cual las recomendaciones de su principal valedor, José María Aznar, ya no son suficientes para garantizar su continuidad.

Esperanza Aguirre, ahora ya es casi oficial, tiene su candidato: el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González. Pero González se ha significado demasiado en 2008 contra el liderazgo de Mariano Rajoy y ha mantenido un duelo permanente con Alberto Ruiz-Gallardón. Así como González confesó en la primavera pasada que no tenía ninguna gana de que Ruiz-Gallardón sustituyera a María Dolores de Cospedal en la secretaría general del PP, tampoco Ruiz-Gallardón oculta que no tiene ninguna gana de que González presida Caja Madrid.

Esperanza Aguirre desearía dejar bien colocado a González en la presidencia de Caja Madrid para proceder a un cambio del Gobierno regional, una remodelación bastante amplia de cara a la mitad de legislatura que queda por delante hasta las elecciones de 2011. En esa remodelación también sería sustituido Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior.

El interés de Miguel Blesa por continuar al menos un año y medio más en Caja Madrid tiene en cuenta también el proceso de fusiones que tendrá lugar en el sector financiero durante el año 2010. La posibilidad de una concentración entre Caja Madrid y Caja del Mediterráneo, opción preferida del Banco de España, podría perfilarse una vez que se resuelva la situación de la presidencia en Caja Madrid.

La confesión lisa y llana de Esperanza Aguirre de que el hecho de que ella y Rajoy no hayan hablado de Caja Madrid 'no quiere decir que no lo vayamos a hacer en el futuro' y su aceptación de que Ignacio González podría ser candidato revela hasta qué punto una de las grandes entidades financieras españolas es claro objeto de deseo de las diferentes facciones de poder en el seno del Partido Popular.