El Ministerio de Economía acepta la petición de las cajas y permitirá que puedan sacar sus bancos a bolsa después de septiembre, siempre que antes de esa fecha hayan iniciado los trámites para dar el salto al parqué, según informaron a Efe fuentes del sector.

Así se expuso en las últimas reuniones para rematar los detalles del plan de fortalecimiento del sistema financiero, que eleva los requisitos mínimos de capital de las entidades españolas y recibirá hoy el visto bueno del Consejo de Ministros.

No obstante, las mismas fuentes insistieron en que se seguirá discutiendo "hasta el último momento" porque el objetivo es que el Ministerio de Economía "ceda un poco más" y amplíe hasta finales de año la fecha para que las cajas inicien los trámites, permitiendo que salgan a cotizar ya en 2012.

Frente a ese propósito generalizado, el departamento que dirige Elena Salgado es más partidario de permitirlo sólo en algunos casos, con la condición de que una entidad se comprometa a reforzar su capital antes de septiembre.

La fórmula para hacerlo sería llegar a un acuerdo con un inversor privado o con la venta de participaciones industriales, por ejemplo.

De ese modo, en otoño la caja estaría más capitalizada que ahora y ya en el último trimestre del año, tendría que dar pasos firmes para el debut bursátil de su banco.

El Gobierno aprueba hoy un real decreto-ley que obligará a las entidades cotizadas a tener a finales de septiembre una proporción de "capital principal" de al menos el 8 por ciento de sus activos ponderados por riesgo.

El capital principal estará formado por capital, reservas, primas de emisión, préstamos del FROB, intereses minoritarios, y transitoriamente instrumentos convertibles en acciones, activos inmateriales y ajustes por valoración.

La patronal de las cajas -CECA- insiste en incluir en el cómputo algún elemento más y tras el rechazo de Economía a sumar las provisiones genéricas o las participaciones preferentes, toma fuerza la posibilidad de que cuenten como capital los activos fiscales.

Los esfuerzos de la CECA por flexibilizar los elementos del capital principal se fundamentan en que el real decreto-ley discrimina entre bancos y cajas, al elevar para aquellos un 8 por ciento de capital y para ellas, un 10 por ciento.

En el caso de que no alcancen ese listón a finales de septiembre, el Estado inyectará capital en la entidad a cambio de una participación de la misma. O sea, una "nacionalización parcial" de la institución financiera, que dispondría de hasta cinco años para ser saneada.

Las últimas negociaciones también se han centrado en cómo determinar si una entidad es "dependiente" de la financiación mayorista, un concepto que, siempre según fuentes financieras, se ha "relajado" en el último momento porque excluye ya la liquidez solicitada al Banco Central Europeo (BCE).