El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha dicho hoy que, frente al "millón" de inmigrantes irregulares que había en España cuando el PSOE llegó al Gobierno, ahora "hay muy pocos" porque "no llegan a 300.000", y ha añadido que la tendencia "está bajando".

En un desayuno informativo organizado por Cinco Días, Caldera ha precisado que "no se necesita" un nuevo proceso de regularización y se ha mostrado en contra del "contrato de integración" que el PP propone en su programa electoral.

El titular de Trabajo ha asegurado que es una "evidencia absoluta" que el número de inmigrantes irregulares ha descendido en España y ha explicado que la diferencia entre tarjetas de residencia e inmigrantes empadronados "no llega a 500.000", de los que hay que restar a los ciudadanos comunitarios, los que están en trámite de renovación y los que estudian en España.

Por todo ello, Caldera ha subrayado que los inmigrantes irregulares que en estos momentos se encuentran en España "no llegarán a las 300.000 personas" frente a los 1,1 millones en los que los cifra el Partido Popular.

Ha defendido el proceso de regularización llevado a cabo esta legislatura como "una normalización selectiva" del mercado de trabajo, ya que "sólo se concedió el permiso de residencia al trabajador cuyo empresario presentó la documentación", y ha señalado que fue "ejemplar" y que todos los que fueron regularizados "siguen trabajando".

Ha subrayado que se presentaron 700.000 solicitudes de regularización para el millón de inmigrantes "que entraron con el señor Rajoy" -en referencia a la etapa en la que el presidente del PP estaba en el Gobierno- ya que los que se pudieron acoger tenían que acreditar que habían estado en España antes de agosto de 2003.

El ministro de Trabajo ha insistido en que los inmigrantes, que han ocupado "los puestos que han quedado vacantes" y suponen el 14 por ciento de la población ocupada, han permitido elevar el nivel de empleo y de recaudación fiscal, y que son responsables de medio punto del superávit de las cuentas públicas que, en 2007 y según ha dicho, ha estado por encima del 2 por ciento del PIB.

El ministro ha criticado el "contrato de integración" que propone el PP y se ha preguntado "qué son" las costumbres españolas que el inmigrante se comprometerá a respetar y "quién las define".

"Suena a obligación adicional sólo para un porcentaje de personas", ha manifestado Caldera quien ha recalcado que "intentar dar valor jurídico a un contrato en el que se aceptan usos y costumbres que no tienen valor legal y, por tanto, no son obligatorios" es un "error".