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La Cámara de Cuentas denuncia contratos irregulares en Madrid

El órgano fiscalizador de la Comunidad detecta 12 adjudicaciones municipales que no cumplen la ley. Las concesiones suman 115 millones de euros

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La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid órgano de fiscalización dependiente de la Asamblea regional ha detectado irregularidades en la adjudicación de 12 contratos por parte del Ayuntamiento que preside Alberto Ruiz-Gallardón, que suman un importe de 115,2 millones de euros, según un informe de la Cámara al que ha tenido acceso Público.

El órgano fiscalizador remitió al Consistorio, el 22 de enero, el resultado de sus investigaciones sobre 2006, 'con el objeto de que formulen alegaciones y aporten los documentos que estimen pertinentes' para justificar las contrataciones bajo sospecha. El plazo para presentar las alegaciones concluyó el 14 de febrero, aunque el Ayuntamiento solicitó una prórroga que finaliza el 1 de marzo.

El informe del tribunal madrileño de cuentas revela irregularidades que vulneran, al menos, nueve artículos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Su investigación concluye que 'en ninguno de los contratos tramitados por procedimiento negociado' se determinaron 'los aspectos económicos y técnicos que debían ser objeto de negociación con las empresas' como establece el artículo 92.3 de la citada ley.

Varias de las faltas que detecta la Cámara de Cuentas inciden en la misma denuncia. Cuatro de las adjudicaciones investigadas, tramitadas por el Ayuntamiento de Madrid con carácter de urgencia, 'conculcaron lo establecido en el artículo 71' de la Ley de Contratos. Según detalla la investigación, estos expedientes 'no contaron con la adecuada declaración de urgencia o dicha negociación no estaba debidamente motivada o adolecía de argumentación deficiente'.

La observación más repetida afecta a nueve casos reprocha al Ayuntamiento que incluya 'la solvencia, la experiencia o los medios materiales y humanos como criterios objetivos de concurso'. El órgano fiscalizador explica que, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley de Contratos, estas condiciones 'no son criterios objetivos de adjudicación'. Uno de los expedientes censurados ejemplifica esta observación. El consistorio otorgó un contrato de más de 7,3 millones de euros a una empresa de arquitectura teniendo en cuenta su experiencia. Sin embargo, la firma adjudicataria se creó sólo seis meses antes de ganar el concurso municipal.

El tribunal de cuentas de la Comunidad detecta en otra de las concesiones que 'la prestación no se ejecutó de acuerdo con el proyecto inicialmente aprobado ni por el precio contratado'. Se trata de una adjudicación de casi 1,1 millones de euros para la mejora técnica del Circo Price, una de las joyas de la corona de la gestión cultural de Gallardón, cuya construcción se inició en 2002 y se prolongó durante cinco años.

En este caso concreto, la Cámara hace constar al Ayuntamiento que 'si la Administración aprueba una modificación sin que se den los presupuestos o sin que estén debidamente fundados, desborda los límites de la discrecionalidad y defrauda los principios inspiradores de la contratación administrativa'.