La doctrina sobre en qué consiste la representación democrática está dividida. Hay quienes interpretan la representación en el sentido de una fotografía. Esperan que los representantes se parezcan a los representados, es decir, que unos y otros lleven la misma vida, que tengan un nivel educativo parecido, trabajos e ingresos similares y, por supuesto, los mismos valores. Otros interpretan la representación en el sentido en que un abogado representa a sus clientes. Desde ese punto de vista no es relevante que se parezca a su cliente, sino que lo defienda bien, ya sea en la persecución de sus intereses más egoístas o de sus valores más altruistas. Si la doctrina está dividida, también la opinión pública lo está, y si unas personas tienen una visión más expresiva de la democracia otras la tienen más instrumental.

La realidad suele ser más práctica que la teoría, aunque no siempre. En la realidad cotidiana de nuestra democracia, el Parlamento combina bastante bien los distintos conceptos de representación. Desde el punto de vista del parecido, incluso una muestra aleatoria de 350 personas tiene un amplio margen de error a la hora de representar a una población de 45 millones; pero, con un sesgo razonable, los parlamentarios son personas cuya experiencia vital se asemeja bastante a la media. Y, en general, en cuanto a su competencia, suelen tener una formación por encima de la media, lo que no significa que sean expertos en todas las cosas que se someten a su consideración, pero sí pueden hacerse un criterio político fundado sobre los temas. La cosa es que con relativa frecuencia uno de nuestros representantes corrientes y molientes se encuentra sentado en una salita también corriente y moliente del Congreso frente a media docena de expertos que vienen a tratar de una ley. Cuando el diputado se sienta, lo primero que hacen es darle sus tarjetas de visita, de esas en las que pone senior legal counsel, government affairs director, customer & channel manager o, sencillamente, abogado. Los visitantes también son representantes, pero, a diferencia del diputado, ellos no representan al pueblo o a los intereses generales, sino a una empresa o a un sector de la economía.

Fortalecer los recursos de los representantes podría ser la salida a la debilidad de la democracia representativa

Hace unas semanas se conoció la presión de las empresas del sector del juego a los parlamentarios que han sido ponentes de la Ley del Juego durante el paso de la misma por el Congreso. Empresas que contratan a los más potentes despachos de abogados para que defiendan sus intereses, mediante la preparación de enmiendas al proyecto de ley que presenta el Gobierno. En el caso de la Ley del Juego, esas empresas iban desde televisiones que no quieren que sus concursos sean considerados como juegos y fiscalizados como tales, hasta empresas extranjeras que pretenden rebajar los requisitos y controles para instalarse en España, o empresas nacionales que pretenden dificultar la instalación de las extranjeras hasta consolidar la industria del juego local. Y, por supuesto, todas ellas tratando de reducir los impuestos y limitar las sanciones en casos de incumplimientos y vulneración de los derechos de los usuarios o de la legalidad.

Los poderes privados no sólo actúan en la inmediatez de los proyectos de ley, sino que hacen trabajos estratégicos a más largo plazo. En este momento hay sectores tan poderosos que pueden permitirse encargar los más sofisticados estudios a los mejores think tanks para enviarnos a los parlamentarios elaborados informes técnicos cuyo objeto es que ni siquiera nos atrevamos a discutir determinados asuntos como la dación en pago de las viviendas hipotecadas.

Los representantes de los poderes sociales y económicos que acuden a la arena política a pelear por sus intereses particulares suelen disponer de bastantes más recursos que los representantes de los ciudadanos. Para que el lector se haga una idea, en el Congreso, entre siete portavoces pueden compartir un técnico. De tal modo que puede darse la magnífica escena (real) del diputado y su séptima parte de técnico sentados frente a una veintena de expertos de un determinado sector debatiendo sobre la ley que debe regularlo. Nada de tener equipos con economistas, abogados, documentalistas, periodistas, investigadores, trabajadores sociales y demás, nada de encargar costosos o incluso baratos estudios a expertos.

Es verdad que la actual crisis ha mostrado la impotencia política de los representantes democráticos, pero no deberíamos extrañarnos de esa impotencia después de todos los esfuerzos realizados para castrar a la política democrática. Así que, ya sean elegidos con listas abiertas o cerradas, quizá la salida a la actual situación de debilidad de la democracia representativa pase precisamente por fortalecer el poder y los recursos de nuestros representantes. Yo había pensado contribuir a dicho objetivo renunciando a algunos de mis privilegios, por ejemplo, a mi coche oficial de diputado a cambio de un trabajador social, un experto en salud pública o un experto en tecnologías de la información, y a mi sueldo vitalicio por un economista o un abogado. Lo que pasa es que los diputados no tenemos ni coche oficial, ni sueldo vitalicio, así que nada. El otro día, durante el pleno, el presidente del Congreso nos anunció que, en adelante, la salida a la calle Fernanflor quedaba abierta exclusivamente para los diputados. Tengo que reconocer que eso sí supone un privilegio: ¿alguien me lo cambiaría por un documentalista?