El PP no parece dispuesto a renunciar a ningún resquicio legal o político con tal de hacer desaparecer el caso Gürtel, que desde febrero mantiene contra las cuerdas a varios de sus dirigentes. Y Sitel no es una excepción.

La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, anunció que el Consell pedirá la nulidad de todo el proceso en caso de que se compruebe que el sistema fue utilizado para interceptar las conversaciones del president, Francisco Camps. Con sus declaraciones, el PP de Valencia se suma a la ristra de dirigentes conservadores que ponen en entredicho el sistema de escuchas adquirido por el Gobierno de Aznar en 2004 y gracias al cual se han instruido miles de causas, desde 2005 todas las que incluyen pinchazos telefónicos. Hasta sus tesis parecían sacadas del mismo argumentario. Sánchez de León señaló que, a juicio del Consell, 'no hay una suficiente regulación' Sitel y, por tanto, no 'están suficientemente garantizados los derechos fundamentales, no por el sistema sino por la forma en que se está aplicando'.

La estrategia contra Sitel ha servido al PP, además, para sostener las acusaciones de espionaje político que su secretaria general, María Dolores de Cospedal, lanzó el pasado mes de agosto. Aunque evitan reflejarlo de forma explícita en sus discursos, muchos dirigentes siguen manteniendo en privado que dudan de la seguridad de sus comunicaciones.

La campaña contra el sistema no es exclusiva del PP. La polémica puesta en marcha por los conservadores no ha pasado desapercibida en el ámbito judicial y varios abogados empiezan a incluir en sus recursos referencias a la presunta inconstitucionalidad de las grabaciones telefónicas. Hasta en nueve procesos, varias de ellos por delitos de narcotráfico, el Supremo ha avalado con sentencias la constitucionalidad de Sitel. En la última, hecha pública el jueves, el alto tribunal especifica, además, que el sistema es 'preferible' a otros que funcionaba con anterioridad.

La jurisprudencia del Supremo, sin embargo, no desanima a algunos colectivos. Dirigentes de la izquierda abertzale confesaron la pasada semana su intención de aprovechar las dudas sembradas por el PP para recurrir las condenas que les afectan.

Precisamente a esa realidad apeló el ministro de Fomento, José Blanco, para pedir al PP que cese en sus críticas. 'También el entorno de Batasuna utilizará el argumento del PP para tratar de que sus actuaciones queden impunes', advirtió. El número dos del PSOE aludió también a su origen: 'Yo entiendo que el señor Rajoy no compró el aparato para que formara parte de los elementos decorativos de sus despachos, sino para perseguir, bajo la determinación de los jueces, a los delincuentes'.

Esteban González Pons, exigió a Blanco una rectificación

Sus declaraciones levantaron ampollas en las filas conservadoras. A media tarde de este viernes, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, exigió a Blanco una rectificación y recordó todas las voces que en las últimas horas se habían sumado a la tesis del PP de la necesidad de una ley orgánica que regule el sistema.

Concretamente, Pons se refirió a la Unión de Oficiales de Guardia Civil Profesional. 'Pregunto a Blanco si también la Guardia Civil, con todas sus víctimas a cuestas, ha hecho suyos los argumentos de Batasuna'. 'El Gobierno está nervioso', apuntó González Pons desde Sevilla, donde su partido celebra la XV Unión Intermunicipal Popular.