Por encima de las trabas legales y de todo un curso académico de fuertes protestas en la comunidad educativa, la Generalitat Valenciana está decidida a impartir la materia de Educación para la Ciudadanía en inglés. El PP rechazó este martes en Las Cortes Valencianas una propuesta de IU y PSOE para derogar definitivamente la orden que impone la lengua extranjera para esta materia.

Además, la Conselleria de Educación, mediante instrucciones verbales de sus inspectores, ha ordenado a los directores de los centros de Secundaria que no asignen las horas semanales de Ciudadanía a los profesores de Filosofía o Historia, quienes tienen la atribución de impartirla. La materia será enseñada por profesores interinos e itinerantes dispuestos a hacerlo en inglés y contratados por la Conselleria para este fin.

La consecuencia ha sido la reactivación del conflicto. Durante el pasado otoño, representantes de padres, alumnos, directores y sindicatos de profesores, unidos en la Plataforma por la Enseñanza Pública, acusaron a la Generalitat de utilizar el sistema educativo para boicotear la asignatura, que el PP considera 'doctrinaria'. La Generalitat aseguró que pretendía potenciar el plurilingüismo.

El conflicto, que incluyó encierros, concentraciones y una gran manifestación, pareció haber llegado a su fin en diciembre, cuando la Conselleria publicó una moratoria que autorizaba a los profesores a dar sus clases en castellano o valenciano. El Gobierno regional consiguió así evitar la huelga prevista para mediados de aquel mes.

'Ahora, un año después, estamos exactamente en el mismo punto', se lamenta Marc Candela, del sindicato STE-PV. Fuentes de la Conselleria recuerdan que 'nunca se renunció a la orden de impartir la asignatura en inglés'. Y explican que, en los centros a los que no lleguen los profesores itinerantes, los docentes podrán dar la clase en castellano o valenciano.

La impartición de la asignatura en inglés se enfrenta a los límites legales impuestos por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. En julio de 2008, el tribunal avisó de que no se puede obligar al alumno a que se examine en inglés. En enero de 2009, suspendió cautelarmente la figura del traductor simultáneo, que había sido impuesta por la Administración durante las clases de Ciudadanía.