Tras el paréntesis navideño, la carrera judicial retomará la próxima semana el debate sobre la posibilidad de acudir a una huelga, una medida sin precedentes y ante la que las asociaciones de jueces pretenden mañana aunar una tabla de reivindicaciones para negociar ante el Ministerio y el CGPJ.

Quince jueces decanos se reunieron ayer en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid para acordar el orden del día de las juntas fijadas para el 21 de enero, mientras que las asociaciones de jueces se verán mañana, a través de la Comisión Interasociativa Permanente, para concretar sus reivindicaciones y comenzar una negociación.

Su objetivo es establecer una posición común antes de las juntas de jueces y establecer unos plazos para que se cumplan sus exigencias antes de adoptar otras medidas de presión.

El pasado mes de noviembre, en las juntas celebradas en toda España, los jueces acordaron volver a reunirse el próximo día 21 para decidir si van a la huelga, aunque algunas -como las de Murcia o Extremadura- aprobaron directamente la convocatoria de un paro para el próximo 18 de febrero.

Según ha explicado a EFE, el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, el orden del día de las citadas juntas consensuado consta de varios puntos, entre ellos exigir que en cinco años se incrementen las inversiones en Justicia y el número de jueces por habitante.

Además, que exista un sistema nuevo sistema de módulos de trabajo y que dentro de un año ya esté implantada la nueva Oficina Judicial.

El último punto, según Armengol, es "que los jueces voten si quieren ir a la huelga o no o adoptar otro tipo de medidas".

La mayoría de las asociaciones de jueces son partidarias de dialogar al máximo con el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial antes de pensar en una medida "tan drástica".

José Antonio Ballesteros, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), considera que la huelga no debe ser la primera medida sino que antes hay que "dialogar, dialogar y dialogar".

"No nos parece muy racional que la primera postura sea una medida tan drástica. Primero se debe ir a una negociación" sostiene Ballesteros, mientras que el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Angel Gimeno, advierte que "no hay que olvidar que una huelga tiene una gran carga simbólica".

También para la asociación Francisco de Vitoria, la fijación de la fecha del 18 de febrero para esa huelga por parte de algunas juntas ha sido "muy precipitada", pero el Foro Judicial Independiente no descarta convocarla, aún sin la participación de las otras asociaciones, en función del resultado de la reunión del lunes.

Las reivindicaciones que pretenden pactar mañana no aluden exclusivamente a las condiciones salariales y de trabajo de los jueces, sino que también están las dirigidas a que la Administración de Justicia funcione adecuadamente y a "cortar" lo que consideran injerencias de otros poderes, especialmente a raíz del caso de la niña Mari Luz Cortés.

Además, reclaman que las reformas procesales para implantar la Oficina Judicial mantengan la competencia de los jueces para fijar los señalamientos, competencia para la que el proyecto del Ejecutivo faculta a los secretarios judiciales.

Los jueces decanos tienen una cita el próximo miércoles en la Comisión de Modernización del CGPJ, a la que deben presentar sus propuestas.