Dos años y cuatro meses después del estallido del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción política destapada en España, la investigación volverá a la Audiencia Nacional. Así lo decidió ayer la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Madrid (TSJM), que desecha en su auto la idea auspiciada, entre otros, por el Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) para que el caso fuese a un juzgado ordinario de Madrid, donde perdería fuelle mediático y tropezaría con la ya endémica falta de medios de los jueces de instrucción.

El tribunal opta por la Audiencia Nacional porque uno de los delitos investigados es el blanqueo de capitales en el extranjero. E investigar hechos de esas características argumenta el TSJM compete en exclusiva a la Audiencia Nacional, toda vez que los tres parlamentarios autonómicos elegidos en las listas del PP renunciaron al acta y, por tanto, ninguno de los más de 70 imputados goza ya de aforamiento ante el TSJM.

Pero que el tribunal ordene la remisión de las diligencias más de 100.000 folios a la Audiencia no significa que el envío sea automático. El auto del TSJM admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Con que recurra una de las partes personadas, será suficiente para demorar el envío. Porque el Supremo no suele resolver los recursos de casación antes de seis meses. Para anunciar la impugnación, hay cinco días hábiles. Para formalizarla, un mes.

Ayer, la Comunidad de Madrid confirmó a Público que 'no hay intención' de recurrir el auto.

De interponer alguien recurso, el caso seguirá durante meses en manos de su actual instructor, el juez del TSJM Antonio Pedreira. Durante los dos años que lleva dirigiendo la investigación, Pedreira ha logrado el bloqueo de casi 24 millones de euros que la trama ocultaba en Mónaco y Suiza. Y ha conseguido, también, que varios empresarios que obtuvieron contratos amañados gracias a la red corrupta salden sus cuentas con Hacienda. Uno de ellos, Alfonso García Pozuelo, antiguo propietario de Constructora Hispánica, devolvió en octubre 20 millones al fisco.

Salvo en la improbable hipótesis de que el Supremo revoque la decisión del TSJM, el caso volverá al Juzgado Central de Instrucción número 5, desde donde Baltasar Garzón inició las pesquisas. Pero no será él quien concluya las investigaciones, sino su sucesor en el juzgado, Pablo Ruz.

Si los tres imputados con aforamiento Alberto López Viejo, Benjamín Martín y Alfonso Bosch hubieran renunciado al acta tras ser imputados en febrero de 2009 y no un mes antes de las pasadas elecciones, el caso habría vuelto a Garzón, quien no fue suspendido del cargo hasta mayo de 2010.