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El caso de Íngrid Betancourt mantiene a flote la vía humanitaria para los rehenes de las FARC

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A punto de cumplirse seis años del secuestro de la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt se mantiene a flote la posibilidad de un acuerdo humanitario como vía para su liberación y la de otros 43 cautivos de esa guerrilla.

Es una salida en la que el grupo insurgente ha insistido, casi sin hacer concesiones, ante el Gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe, que llegó al poder por primera vez en agosto de 2002 con un fuerte discurso contra los grupos armados ilegales.

Unos meses antes, el 23 de febrero de ese mismo año, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habían secuestrado a Ingrid Betancourt, entonces candidata a la presidencia de Colombia por el partido ecologista Oxígeno Verde.

Uribe tampoco ha dado muestras de flexibilidad para posibilitar un acuerdo con las FARC en pro de un intercambio de los 44 rehenes que la guerrilla considera "canjeables" por 500 guerrilleros presos.

Las mayores discrepancias se centran en el lugar donde se llevarían a cabo las negociaciones.

"Sin ser pesimistas, estamos lejos de convenir el acuerdo humanitario, por la radicalización de las partes y la politización del tema humanitario", dijo a Efe en Bogotá el director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Jorge Rojas.

El activista aludió a la serie de negativas que el Ejecutivo y los rebeldes se han cruzado durante el primer cuatrienio de Uribe y el año y medio de su segundo mandato, para el que fue reelegido mediante una enmienda constitucional promovida por su gobierno.

Las FARC exigen un territorio desmilitarizado de poco más de 800 kilómetros cuadrados, que es el área conjunta de las poblaciones de Florida y Pradera (suroeste), mientras que Uribe ofrece una "zona de encuentro" no mayor a los 150 kilómetros cuadrados, sin presencia de Fuerza Pública y, preferentemente, sin población civil.

La oferta del gobernante se corresponde con una propuesta que le hizo el pasado diciembre la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), a la que Uribe autorizó entonces para que realizara nuevas gestiones ante los insurgentes, con el acompañamiento de España, Francia y Suiza, que mantienen un comité de facilitación con el mismo fin.

Ambas interlocuciones fueron rechazadas a mediados de mes por las FARC, con el argumento de que tanto el Episcopado, como la llamada Comisión Internacional se habían "casado" con Uribe.

A pesar de estas discrepancias, el director de la organización no gubernamental Codhes defendió que "la idea de un acuerdo humanitario es, en términos de solución política, la posibilidad de construir confianza para avanzar hacia un futuro proceso de paz".

La puesta en libertad de Betancourt, tres estadounidenses y otros cuarenta rehenes, algunos de los cuales llevan más de diez años secuestrados, depende de este acuerdo, mas no la de otros 700 que, según diversas fuentes, han sido secuestrados por las FARC en la última década y cuya suerte se desconoce.

La Fundación privada País Libre ha considerado que es un imperativo que se esclarezca y pueda solucionarse el caso de estos colombianos, lo cual es compartido por el presidente Uribe.

Colombia alcanzó en 1999 el registro histórico de 2.675 casos de secuestro con fines económicos.

El mayor estudio global sobre este delito que han hecho las autoridades colombianas muestra que las FARC secuestraron de 1996 a 2004, en coincidencia con el auge y declive de esta práctica criminal, a 4.372 personas, el 30,4 por ciento del total de casos registrados en dicho período en el país.

El otro 24 por ciento fue atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda guerrilla en importancia del país, el 14,7 por ciento a bandas de la delincuencia común y el 4,1 por ciento a la ahora disuelta organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

A pesar de la desmovilización de las AUC, que desarmaron a más de 31.000 efectivos dentro de un proceso de paz con el Gobierno de Uribe, Codhes y la Fundación País Libre han advertido de que nada se sabe de por lo menos 511 personas hechas cautivas por los ultraderechistas.

El problema comenzó a ceder con el ascenso de Uribe al poder: las cifras del Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad) muestran que los casos de secuestro extorsivo pasaron de 1.678 en 2002 (año que comprende los cuatro meses iniciales del primer Gobierno de Uribe) a 742 en 2004.

La misma fuente ha destacado que los casos se redujeron a 476 el año pasado, contra 672 registrados en 2006, con una disminución del 29,17 por ciento.