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Caso Isadora: vulneración de la intimidad de las mujeres

Tras un año y medio de investigación, el caso sigue abierto en los tribunales

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En febrero de 2007, el titular del juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra, admitió a trámite una querella contra la clínica Isadora (acreditada para realizar abortos) por supuestas irregularidades en la gestión de residuos sanitarios. Más de un año y medio después, la investigación sigue abierta: ahora debe ser la Audiencia Provincial de Madrid la que resuelva dos recursos contra la personación del partido de ultra derecha Alternativa Española en el caso.

Ambos escritos, presentados por la propia clínica y la Fiscalía, reclaman que se rechace que el partido de ultraderecha acceda al sumario de la investigación. En su último escrito (presentado ante la Audiencia Provincial después de que el juez Sierra rechazara el primer recurso), el ministerio público explicó cómo la investigación contiene los datos de 25 mujeres que acudieron a abortar a la clínica y que por ello debe preservarse 'su anonimato e intimidad'.

Fuentes del caso señalaron que la Audiencia se pronunciará antes de que acabe el año. La violación de la intimidad de las mujeres que deciden abortar ha sido la constante en el caso Isadora, sobre todo, cuando entre diciembre y enero agentes de la Guardia Civil, a instancia del juez Sierra, acudieron a los domicilios de varias de estas mujeres para tomarles declaración como testigos en la investigación.

En algunos casos, familiares de las mujeres estaban presentes cuando aparecieron los agentes, e incluso una mujer denunció que su compañero supo que se había sometido a un aborto al ver a la Guardia Civil . El director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo, lo dejó claro el pasado abril: en este caso, los agentes podrían haber violado la ley de Protección de Datos, pues la normativa impide a los agentes revelar a terceros (en este caso, los familiares) los datos íntimos de los historiales de pacientes.

Los que reclaman una nueva ley del aborto, tales como asociaciones de mujeres, de profesionales y otros colectivos, explican que con una ley de plazos (en la que la decisión de la mujer no depende de terceros, como es el caso de España) se podrían evitar casos como los de Isadora. Aseguran que mientras el aborto esté en el Código Penal, ocurrirán casos como el de Isadora, en los que se criminalice a las mujeres.