Publicado: 18.02.2014 11:19 |Actualizado: 18.02.2014 11:19

Así se "castigan" los fraudes a los consumidores

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Este martes 18 de febrero sale a la venta DEFIÉNDETE de #101fraudes, el primer libro del periodista Rubén Sánchez, portavoz de FACUA-Consumidores en Acción y autor del blog Consumidor indignado de Publico.es.

Reproducimos como adelanto uno de los 101 fraudes que recoge en su obra. Se trata del número 92, "el de la multa más alta", donde pone de manifiesto cómo las escasas sanciones de los gobiernos contra las irregularidades de las empresas son absolutamente ridículos, y alcanzan su mínima expresión en el caso de las que aplican las autoridades competentes en la protección de los consumidores.

92. El de la multa más alta

En octubre de 2013, el banco neoyorquino JPMorgan Chase & Co acordó con el Departamento de Justicia estadounidense el pago de una multa de 13.000 millones de dólares (unos 9.600 millones de euros), de los que más de la tercera parte se destinarían a indemnizar a las familias víctimas de sus hipotecas basura. Con ella se daban por zanjadas las investigaciones abiertas por el gobierno federal sobre las irregularidades que cometió en su negocio hipotecario entre 2005 y 2007 y que dieron origen a la crisis subprime.

La mayor multa impuesta en la historia de EEUU no alcanza lo que la empresa afectada gana en un trimestre. Se fijó un par de días después de que JPMorgan hubiese acordado con la Agencia Federal Financiera de la Vivienda el pago de otra sanción record de 4.000 millones de dólares (en torno a 3.000 millones de euros). El motivo: haber mentido a las firmas de refinanciación hipotecaria Fannie Mae y Freddie Mac sobre el alto riesgo de los activos respaldados por hipotecas basura (concedidas a usuarios con ingresos falsificados) que les vendió antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, provocada ante el impago por parte de multitud de familias y que derivó, en 2008, en la crisis financiera. Con estas prácticas, JPMorgan y más de una decena de bancos hicieron perder a las dos entidades semiestatales más de 20.000 millones de euros, provocando un descomunal e irreparable daño a la economía estadounidense (que socializó las pérdidas, como en todo buen sistema capitalista) y mundial.

La tercera multa más alta por fraude económico aplicada por el Gobierno de EEUU también es de 2013: los 1.920 millones de dólares (casi 1.500 millones de euros) impuestos a... (¡bingo!) otro banco, el británico HSBC, la institución financiera preferida por los cárteles de la droga de México y Colombia para el blanqueo de dinero. Su importe tampoco compensa no ya los beneficios obtenidos ilegalmente por el banco, sino los perjuicios que ayudó a provocar con sus prácticas.

En la Unión Europea, la sanción más elevada desde su nacimiento también está relacionada con banksters, pero la cifra es incluso inferior a las mayores aplicadas en EEUU. Se produjo en diciembre de 2013, cuando la Comisión Europea impuso unos ridículos 1.712 millones de euros a seis bancos por su participación en dos cárteles que compartieron información durante años para manipular la cotización de los tipos de interés que aplicaban a sus productos. Deutsche Bank (465,9 millones), Société Général (445,9 millones), Royal Bank of Scotland (131 millones) y Barclays participaron en un complot entre 2005 y 2008 para alterar derivados del euríbor (el interés al que los bancos se prestan dinero en euros entre sí) y el líbor (su homólogo británico, utilizado en mercados anglosajones y asiáticos), afectando a las operaciones de grandes inversores y a las hipotecas y préstamos al consumo a interés variable. Barclays se libró de la sanción (que hubiera sido de 690.000 euros) por haber sido la primera entidad que confirmó la existencia de esta conspiración a la autoridad comunitaria de Competencia. Por otro lado, RBS (260 millones) y Deutsche Bank (259 millones) también fueron multados, junto JP Morgan (79 millones), Citigroup (70 millones) y RP Martin (247.000 euros), por participar junto a UBS en uno o varios acuerdos bilaterales entre 2007 y 2010 sobre productos derivados de tipos de interés referenciados al yen japonés (su índice, el tíbor). Ser el primero en revelar datos sobre este pacto le sirvió a UBS para obtener inmunidad (e impunidad) total y librarse de la mayor multa, que hubiera ascendido a 2.500 millones. Curiosamente, el año anterior UBS había sido multada con un total de 1.250 millones de euros por los gobiernos de EEUU, Reino Unido y Suiza por alterar el euríbor y el líbor, mientras que a Barclays le habían caído por los mismos motivos 360 millones en sanciones de las autoridades estadounidenses y británicas. Se ve que en la Comisión Europea no habían leído la prensa.

Sólo en 2007, uno de los años de la conjura del euríbor, Deutsche Bank ganó 6.500 millones de euros netos. Así que las multas que le impuso Bruselas se pagarían con los beneficios obtenidos por el banco alemán en poco más de un mes.

La segunda sanción más grande en Europa alcanzó los 1.470 millones de euros. Fue anunciada por la Comisión en diciembre de 2012 a siete fabricantes de tubos catódicos para televisores y pantallas de ordenador. LG, MTPD, Panasonic, Philips, Samsung, Technicolor, Toshiba y Chunghwa (que se libró de la multa por haber dado el chivatazo) habían constituido dos cárteles a escala mundial para pactar precios y repartirse el mercado entre 1996 y 2006. "Podrían incluso haber ralentizado artificialmente la transición a productos más modernos como el LCD y el plasma", advirtió el entonces comisario de Competencia, Joaquín Almunia.

La tercera multa más elevada (la primera a una sola empresa) de la Comisión Europea fue la aplicada en 2009 al grupo informático estadounidense Intel: 1.060 millones de euros por abusar de su posición dominante para expulsar a sus rivales, especialmente a AMD, del mercado de microprocesadores. Intel, líder de su sector, recurrió entre 2002 y 2007 a prácticas ilegales como la aplicación de fuertes descuentos e incluso pagos a fabricantes de equipos como Acer, Dell, HP, Lenovo o NEC para que no usaran microprocesadores de AMD. La compañía también pagó al distribuidor Media Markt para que vendiera sólo ordenadores equipados con micros Intel.

La cuarta multa más alta de la historia aplicada por Bruselas y la segunda a una única empresa alcanzó los 899 millones de euros. Le cayó a Microsoft en 2008 (http://FACUA.org/7998), en este caso por cobrar un precio excesivo por la información suministrada a sus competidores para que pudiesen fabricar productos compatibles con su sistema operativo Windows. La multinacional estadounidense sumaba con ésta casi 1.700 millones en multas por prácticas monopolísticas.

En España, la sanción más elevada ha sido de 121 millones. Se trata de una multa de 2009 aplicada por la entonces denominada Comisión Nacional de la Competencia (10) a seis aseguradoras: Asepa, Mapfre, Caser, Scor, Múnich Re y Swiss Re. El motivo, haber pactado los precios cobrados a las promotoras en los seguros de sus nuevos edificios de viviendas, obligatorios desde 2002.

La segunda, los 119 millones impuestos en 2012 por Competencia a Movistar (44,5 millones, la mayor aplicada a una compañía de telecomunicaciones), Vodafone (43,5 millones) y Orange (30,0 millones) por abuso de posición dominante al cobrar precios excesivos en el servicio mayorista que prestan a los operadores móviles virtuales (OMV), los que no tienen red propia, por el envío y recepción de mensajes de texto (SMS) y multimedia (MMS) en el ámbito nacional.

La tercera es de 1999, cuando el Ministerio de Economía, a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), multó al chiringuito financiero Transworld Financial Services con 19.686 millones de pesetas (118,3 millones de euros) por desarrollar actividades de inversión en bolsa sin tener autorización para ello. Se trata, además, de la mayor sanción aplicada a una sola empresa.

Y ahora, ¿sabes a cuánto asciende la mayor multa impuesta en España por una autoridad de protección al consumidor?

La sanción más alta aplicada por un gobierno autonómico a instancias de su administración de consumo que ha trascendido públicamente no es de miles, ni de cientos, ni de decenas de millones. Se reduce a los 2,9 millones de euros que la Comunidad de Madrid impuso a Movistar en diciembre de 2007 por el fraude del redondeo (a Vodafone) la multó con 1,4 millones y a Orange con 960.000 euros. Las multas podían pagarse con lo que las operadoras recaudaban en un un par de días con una práctica ilegal que hasta que dejaron de aplicar les había reportado más de mil millones de euros anuales.

La segunda multa de mayor importe que he sido capaz de localizar (la primera a una sola empresa) fue de 2,4 millones. La Xunta de Galicia sancionó con esa cifra a Big Tours (filial de la promotora Doctor Music), que organizó el concierto que Bruce Springsteen ofreció el 2 de agosto de 2009 en al auditorio del Monte do Gozo (Santiago), en el marco del Xacobeo. El Instituto Galego de Consumo recibió unas 770 reclamaciones de asistentes por el desastre organizativo que provocó el colapso a la entrada del recinto, al que muchos usuarios no pudieron acceder mientras veían cómo se colaban otros que no llevaban entradas.

El tercer lugar en el ranking de (mini)multas de las autoridades autonómicas de consumo podría ocuparlo (17) el millón y medio de euros impuesto por la Comunidad de Madrid a las tres principales compañías de móvil en marzo de 2007 en sendos expedientes que sumaban un popurrí de irregularidades: cláusulas abusivas, incumplimientos de contratos, modificación unilateral de sus condiciones, vulneración de la normativa sobre contratación telefónica, prestación defectuosa de sus servicios y publicidad engañosa. Madrid analizó esta larga lista de fraudes masivos, multó a Movistar con 905.000 euros, a Vodafone con 611.000 euros y a Orange con 43.100 euros. Y borrón y cuenta nueva.