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Castilla León y La Rioja atacan el sistema de cálculo del Cupo vasco

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Los abogados de Castilla y León y La Rioja han atacado hoy en el Tribunal de la UE el sistema de Cupo vasco y se han concentrado en demostrar que la reducción de tipos impositivos que aplica el País Vasco es una ayuda de Estado, y como tal debería haber sido notificada a Bruselas.

El caso sobre la fiscalidad vasca ha llegado al Tribunal de las Comunidades Europeas, situado en Luxemburgo, mediante una cuestión prejudicial -una consulta- realizada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

La cuestión es si el Impuesto de Sociedades que aplica Euskadi, más bajo que el del resto de España, es compatible con la legalidad europea, o por el contrario, el dinero que se ahorran las empresas debe ser considerado una ayuda de Estado y, por tanto, ser ilegal.

Los letrados de las comunidades demandantes han intentado probar que los territorios vascos no tienen la autonomía de procedimiento, es decir, no poseen la independencia necesaria para promulgar estas normas.

Por parte de Castilla y León, se ha destacado que nadie conoce los métodos de cálculo del Cupo excepto las partes (el Estado y las diputaciones), y que la negociación es "confidencial", un "secretismo" que "choca con la total transparencia del resto de los sistemas fiscales de las comunidades autónomas".

Según sus argumentos, "en la práctica los gobiernos locales vascos están siendo subvencionados por el Estado español a través del cálculo del Cupo".

El Cupo es la contribución de la hacienda vasca al Estado central por los servicios que éste presta en la comunidad autónoma.

A juicio de Castilla y León, los gastos estatales en territorio vasco están "infravalorados", y la compensación vasca "sobrevalorada", por lo que el Cupo sería "una transferencia encubierta del Estado".

La conclusión para Castilla y León es que "los territorios vascos no soportan las consecuencias de sus medidas fiscales".

Sobre las balanzas fiscales, el letrado ha asegurado que "todos los estudios concluyen que el País Vasco cuenta con más recursos que las demás autonomías", y ha calculado que la diferencia a favor estaría entre el 30 y el 65 por ciento.

En este sentido, ha afirmado que entre 2002 y 2005 Castilla y León hizo una contribución neta del 4% del Producto Interior Bruto regional, "frente al 0,35 del País Vasco", y que esto fue posible gracias a que los pagos del Cupo les resultaron favorables.

"Con un menor PIB, Castilla y León aportó al Estado, mientras que el País Vasco recibió", ha defendido.

También ha subrayado que "el Gobierno español intentó recalcular el Cupo, pero desistió en medio de las negociaciones sobre los Presupuestos Generales del Estado con el PNV".

Por su parte, el letrado de La Rioja ha reiterado los anteriores argumentos y también destacado que "ninguno de los requisitos de la sentencia de Las Azores concurre en este caso".

En ella, el Tribunal de la UE dictaminó que para que las regiones pudieran establecer tipos impositivos reducidos, inferiores a los del Estado en el que se insertan, deberían cumplir tres condiciones.

La primera es que el sistema fiscal, en este caso el vasco, debe tener encaje en la Constitución del Estado; la segunda, que el poder regional que apruebe las normas debe tener autonomía para dictarlas, es decir, que no necesite autorización del Estado, y la tercera, que el recorte de impuestos no tenga que ser compensado desde el Estado.

El abogado de La Rioja ha alegado que "cualquier persona física o jurídica puede recurrir el sistema ante los tribunales nacionales" y que el Tribunal Supremo ha establecido que la autonomía institucional de los territorios vascos tiene "límites infranqueables", entre ellos el principio de solidaridad interterritorial.

Ha considerado "evidente" que el País Vasco no soporta las consecuencias de las medidas controvertidas -la rebaja impositiva- porque el Cupo es resultado "de una negociación política".

Por parte del sindicato UGT en La Rioja, su abogado ha explicado que se han personado en el caso porque la fiscalidad vasca "tiene consecuencias para los trabajadores" de su región, ya que propician un traslado forzoso o la pérdida de trabajo.

En respuesta, el abogado vasco ha rechazado el "discurso tendencioso" de las otras partes, y ha considerado que "ha habido informaciones interesadas sobre el Cupo que pretenden tergiversar el contenido de las dudas del tribunal y desnaturalizar el proceso".

Ha añadido que "cualquier eventual pérdida de financiación es completamente asumida por el País Vasco" y ha recordado que la comunidad no es beneficiaria del Fondo de compensación interterritorial.

"El cálculo se ajusta a lo que debe ser, ya que no varía en función del tipo fiscal que se aplique", ha dicho.

También ha rechazado que se hayan tomado medidas de acuerdo con el gobierno central.

"Es un hecho objetivo, verificable e incuestionable que no ha habido compensación del estado por la rebaja del impuesto de Sociedades", ha subrayado.