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Castilla y León también benefició a la trama

La adjudicataria de una autovía pagó una comisión a políticos del PP

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Castilla y León ha pasado a engrosar la nómina de gobiernos autonómicos del PP que supuestamente beneficiaron a la trama corrupta de Francisco Correa. Hasta ayer, en esa lista sólo figuraban Madrid y Valencia. Ahora, en un demoledor relato, el juez Baltasar Garzón expone en su último auto cómo la Consejería de Fomento de Castilla y León habría efectuado, a finales de 2002, la 'adjudicación amañada' de una carretera la variante de Olleros de Alba de forma que acabase en manos de Teconsa, empresa de cuyos órganos de administración forma parte el imputado Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol.

Teconsa se alzó con el encargo público por 2,8 millones de euros a cambio de pagar un soborno de 73.650 euros. Por primera vez, aparecen comisiones ilegales cuantificadas mediante la aplicación de un porcentaje el 3% sobre el precio de la adjudicación sin IVA.

El auto sostiene que ese 3% fue 'una parte' de lo que Teconsa abonó a Correa para su posterior distribución entre las personas que, 'al parecer, hicieron posible la adjudicación'. El tesorero del PP, Luis Bárcenas, aparece de nuevo aquí como uno de los beneficiarios directos del soborno.

Traducida a euros y a millones de pesetas, esa cifra del 3% figura 'manuscrita' en un 'fax de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León', cuya televisión autonómica está bajo control del también imputado José Luis Ulibarri. Como adelantó Público, en el municipio leonés de Ponferrada, Ulibarri obtuvo del PP permiso para construir 2.000 viviendas fuera de la ley.

Incautado en el domicilio de José Luis Izquierdo, considerado el contable de la trama, el fax lleva fecha de recepción del 5 de diciembre de 2002. Su contenido da cuenta de la adjudicación definitiva, y su importe exacto, de la variante de Olleros de Alba a la Magdalena. La misiva llegó a su destino un mes antes de que la citada Consejería emitiera, el 10 de enero de 2003, la resolución oficial por la que se adjudicaba la obra de manera definitiva.

En esta adjudicación amañada, razona Garzón, 'hubo una participación activa de la organización de Francisco Correa, así como de algún político que pudo influir en la decisión por parte de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León de adjudicar la obra a Teconsa'.

En total, esa operación generó presuntos pagos ilegales por 120.100 euros. De ellos, 24.000 como mínimo fueron a un tal T.O., cuya identidad es un misterio. Otras dos nuevas iniciales irrumpen en la vertiente castellano-leonesa de la trama: G., que percibió 16.400 euros, y J., que se embolsó 18.600. El auto concluye que Bárcenas cobró lo mismo: 18.600 euros.

No fue Teconsa la única empresa que pagó comisiones. De nuevo, como hizo en su auto del 5 de marzo, Garzón señala a Constructora Hispánica entre las empresas que practicaban el cohecho a cambio de lograr un trato ventajoso de las administraciones públicas del PP. Y, con la recurrencia que pone de manifiesto el auto, Bárcenas fue uno de los que, supuestamente, cobró a cambio de sus gestiones. Garzón narra cómo en la denominada cuenta 'Caja X PC [iniciales de Francisco Correa] Caja Madrid' figura un apunte contable del 23 de diciembre de 2003 con una cantidad de 600.000 euros. ¿Su procedencia? 'Visita Alfonso García Pozuelo', o sea,el presidente de Constructora Hispánica.