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Cataluña y Madrid acaparan el 50% de las impugnaciones ante el Constitucional

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Cataluña y Madrid acaparan el cincuenta por ciento de las 41 impugnaciones presentadas ante el Tribunal Constitucional en lo que va de legislatura, en la que se aprecia una tendencia a la baja en la conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas.

Según se desprende del último Informe sobre Conflictividad Estado-Comunidades Autónomas, durante la IX Legislatura -13 de abril de 2008 a 31 de enero de 2010-, elaborado por el Ministerio de Política Territorial, de las 41 impugnaciones ocho fueron recursos de inconstitucionalidad presentados por el Estado y 33 recursos y conflictos planteados por las autonomías.

De estas 33 impugnaciones presentadas por las comunidades, 12 fueron recursos de inconstitucionalidad y 21 conflictos de competencias.

En cuanto a los conflictos planteados por las comunidades autónomas, Cataluña impugnó 11 normas, seguida de Madrid con 9, Galicia y Canarias, con 4 normas impugnadas en cada una de ellas, La Rioja, con 2, y Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana, una en cada caso.

Entre tanto, Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Navarra y País Vasco no plantearon conflictos ante el Constitucional.

Respecto a la conflictividad planteada por el Estado, la Comunidad Valenciana se situó a la cabeza con 3 recursos, seguida de Andalucía, Canarias, Galicia, Madrid y País Vasco, todas ellas con una norma impugnada.

Entre las normas impugnadas por el Estado destaca la referida al País Vasco, en concreto a la ley de junio de 2008 por la que se convocaba una consulta popular para recabar la opinión de los ciudadanos sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la normalización política.

El motivo alegado por el Estado para impugnar esta norma es que se vulneraba la competencia estatal de autorización de consultas populares vía referéndum.

En cuanto a la conflictividad planteada por las comunidades autónomas resalta la norma impugnada por Canarias sobre el sector de hidrocarburos, al considerar esta autonomía que se vulneraban sus competencias en materia de energía.

En este mismo sentido, Galicia impugnó una norma del sector eléctrico por trasgredir sus competencias en esta materia.

También destacan los casos de Castilla y León, Madrid y Canarias, que impugnaron normas sobre el patrimonio y la biodiversidad por estimar que se estaban invadiendo sus competencias en materia de medioambiente.