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Catalunya no aplicará el incremento de la velocidad a 130 km/h en sus carreteras

La Generalitat considera que el parque automovilístico está envejecido y, por culpa de la crisis, en deficientes condiciones de seguridad. Euskadi tampoco ve "nada positivo" en la medida

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La Generalitat de Catalunya no subirá el límite de velocidad a 130 kilómetros por hora porque considera que el parque automovilístico que circula por sus carreteras está envejecido y, por culpa de la crisis, en deficientes condiciones de seguridad.

Según han informado fuentes del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), Catalunya no aplicará la reforma de la Ley de Tráfico que permitirá el incremento de la velocidad máxima en autovías y autopistas, un proyecto que el Gobierno ha remitido hoy a las Cortes para su discusión y aprobación.

Asimismo, el Gobierno Vasco no ve nada positivo para la seguridad vial en la medida. La directora de Tráfico de la comunidad, Garbiñe Saez, ha recordado que el Ejecutivo de Vitoria ya mostró su rechazo a esta elevación cuando presentó las alegaciones al proyecto de ley y al reglamento de circulación. Ha insistido en que en las carreteras vascas este incremento 'en nada es positivo en pro de la seguridad vial', por la orografía, con numerosas curvas, y por la climatología, con lluvias muy habituales.

Saez ha considerado que para mejorar la seguridad vial lo mejor es tender a establecer una 'velocidad lineal' y que, en el caso de modificarla por circunstancias puntuales como la climatología, debe ser para disminuir el tope máximo. Ha considerado que se debe esperar a ver cómo se aprueba definitivamente la ley en las Cortes porque, además, no está nada claro cuáles deben ser las condiciones y los tramos en los que se podría aumentar la velocidad.

Aún así, ha insistido en que, por las especiales condiciones de las carreteras vascas, es 'muy difícil que se pueda llevar a cabo esta elevación' en Euskadi, aunque ha recordado que si es una ley orgánica es de obligado cumplimiento en todo el Estado.

La nueva normativa supondrá la elevación de las multas por alcoholemia y drogas, de 500 a 1.000 euros. El Gobierno quiere regular de este modo la 'tolerancia cero' para la conducción bajo los efectos de las drogas, así como el sometimiento a los controles de drogas y alcohol. La prueba será mediante saliva como medio habitual y la de contraste será un análisis de sangre, con sanciones de 1.000 euros.

Además, los peatones que cometan infracciones también deberán someterse a estos controles. La actual regulación permite hacer este tipo de controles a los peatones únicamente cuando son víctimas o participan en la producción de un siniestro.