La cifra apenas abultaba cuando la reveló este miércoles en el Congreso el fiscal general del Estado: del total de 730 investigaciones abiertas contra cargos públicos inmersos en casos de corrupción, 20 afectan directamente a Izquierda Unida. Cándido Conde-Pumpido no dijo más. No desglosó los datos. La noticia pilló por sorpresa a la federación. No salían las cuentas. Y las quiere, al completo. Ayer por la tarde, en una larga reunión de la Presidencia Ejecutiva de IU –cinco horas–, un órgano de 61 miembros, Cayo Lara recibió de la dirección el respaldo a su iniciativa de pedir información detallada a la Fiscalía. Lo que más teme la federación es que se la asimile a PP y PSOE, cuando cada uno de ellos carga con más de 200 procedimientos penales.

El coordinador federal encendió las alarmas pocas horas después de la comparecencia en el Congreso. Por un canal doble. El propio Lara ha enviado una carta al fiscal general, para que le especifique cuáles son las causas incoadas, por qué delitos, cuáles son los políticos inculpados y en qué situación procesal se encuentran. La estrategia se completará en el Parlamento: Gaspar Llamazares, en los próximos días, registrará la petición de información a la Fiscalía.

“No nos cuadran las cuentas. No tenemos constancia de esas 20 causas. Nos parecen muchas. No dudamos de Pumpido, pero sí nos ha alarmado internamente”, relataba ayer un miembro de la ejecutiva muy próximo a Lara. En IU tienen controlados los casos de Camas (Sevilla) –el hoy ex alcalde, Agustín Pavón, sigue imputado por soborno, y sigue, por cierto, de coordinador local de IU– y Castro Urdiales (Cantabria), donde fueron suspendidos de militancia el pasado día 14 de noviembre dos ediles, Salvador Hierro y Santiago Vélez (éste ya fuera del Consistorio), acusados de prevaricación.

En la reunión de ayer se recordó algún otro caso “aislado” de cargos locales inculpados por falsedad documental, por cobros ilegales de subsidios agrarios. “El resto deben de ser las querellas interpuestas por [Francisco Hernando,] El Pocero contra Manolo Fuentes [el regidor de Seseña, Toledo], siete de ellas ya archivadas”, argumentaban fuentes del aparato. “Queremos que salga a la luz que no todos somos iguales, que no tenemos nada que ver con ninguna Gürtel, ni grande ni pequeña. Y si hay esos casos de cargos inculpados, como dice Pumpido, los expulsaremos automáticamente de IU. Por eso queremos toda la información”, apuntaba un responsable.

El debate no se detuvo ahí. Algunos dirigentes, y de distintas familias, instaron a Lara a “reforzar su discurso” sobre la corrupción. “Siempre hemos hecho bandera de esto. No nos puede comer terreno el PSOE o ahora, estos días, el PP”, se quejaba un miembro del sector gasparista. El coordinador aceptó los consejos. Esgrimió el plan de 20 medidas anticorrupción que presentó el 4 de noviembre y que esta semana llevará al Congreso e insistió en la necesidad de un “gran pacto de Estado de todos los partidos, y a todos los niveles”, para liquidar un fenómeno que hace “tambalear los cimientos de la democracia”.

La Presidencia de ayer contó con Ramón Górriz, secretario de Acción Sindical de CCOO, que explicó a la ejecutiva la importancia de la movilización que para el 12 de diciembre han convocado su central y UGT contra la crisis y por la defensa de los derechos de los trabajadores frente a la patronal (y no frente al Gobierno).

IU y CCOO exhibieron “sintonía y normalidad de relaciones”. La federación prometió sacar a toda su gente a la calle. Lo repetían distintos cuadros: “Para nosotros, es un día clave”.

El coordinador no dio ayer más detalles de la remodelación de la ejecutiva que cree “necesaria”, y que recogió en su informe político, que ayer adelantó Público y que fue aprobado por la Presidencia. Lara lamentó las “filtraciones” de documentos internos, e incidió en que los cambios que se planteen (y que se concretarán probablemente para el Consejo Político Federal, el 19 de diciembre) servirán para limar las disfunciones y mejorar la proyección de IU. Los miembros de la Presidencia, no obstante, pusieron más el acento en la refundación, un paso trascendental que arrancará el 28 de noviembre en Madrid.