Publicado: 15.12.2014 07:00 |Actualizado: 15.12.2014 07:00

CC.OO denuncia ante el Tribunal de Cuentas la contratación externa de la gestión de nóminas en Justicia

El sindicato apunta a una "privatización encubierta" de la justicia. La empresa ADEA tiene incrustados a casi la mitad de los empleados de la habilitación de nóminas del ministerio. El subdirector general de recursos h

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El sindicato Comisiones Obreras, a través de su sección sindical del ministerio de Justicia, presentó el 11 de diciembre una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por la supuesta contratación irregular de una empresa externa para la elaboración de miles de nóminas de todos los magistrados, jueces, fiscales y secretarios judiciales, así como de los funcionarios que trabajan en los Juzgados y Tribunales en territorios donde esta competencia no ha sido transferida o la administra el ministerio de Justicia.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Público, se centra en una empresa, ADEA, que se dedica a la gestión documental. Según el escrito presentado, personal de esta empresa estaría "ejerciendo funciones administrativas, compartiendo despachos y tareas con el personal de la Administración general del Estado".

De esta manera, trabajadores externos que no son funcionarios tienen acceso a la información personal de los jueces, fiscales, secretarios y funcionarios, como son las bajas y altas, su cotización a Hacienda o los embargos a sus nóminas, por ejemplo. Este tipo de actuaciones van en contra de las instrucciones de contratación externa que maneja la Administración, según consta en la denuncia.

La denuncia ante el Tribunal de Cuentas se ha interpuesto por el supuesto incumplimiento de las instrucciones de contratación internas cometido por la Habilitación Central de Personal de la Administración de Justicia. Esta habilitación se encargada exclusivamente de gestionar las nóminas del ministerio y no puede ser externalizada, según sostiene el sindicato.

El sindicato declara, además, que la Administración se ha negado a facilitar el contrato de servicios firmado con ADEA. Esta situación irregular se produce desde hace siete años, aunque el sindicato no ha tenido constancia documental hasta ahora, indican fuentes internas de Justicia.

La subsecretaría del departamento y la subdirección general de recursos humanos está al tanto de esta situación, según fuentes sindicales de Justicia, y no ha corregido la situación.

El propio subdirector General de Recursos Humanos, hablando en nombre de Áurea Roldán -subsecretaria de Justicia-, habría admitido que este tipo de actuaciones han sucedido en la Administración, pero que en la actualidad no se dan, contradiciendo la versión de Comisiones Obreras. "Parece tratarse de un contrato nulo de pleno derecho desde su origen", apunta el escrito de denuncia remitido al Tribunal de Cuentas.

Así, en una resolución del 27 de octubre de 2010, el Tribunal de Cuentas avisó de la necesidad de evitar que los trabajadores de las empresas de servicios contratadas por la Administración se convirtieran en personal de la propia Administración. Es decir, el Tribunal de Cuentas puso el foco sobre las contrataciones que se hacían a empresas privadas externas para suplir necesidades permanentes, propias del funcionariado.

Tras esta comunicación, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas redactó unas instrucciones sobre "buenas prácticas" para las contrataciones de servicios para evitar "incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores", esto es, contratar a empresas externas para tareas que deberían ser desempeñadas por funcionarios.

Dentro de estas instrucciones, en el apartado 'principios de actuación', se especifica que las labores desempeñadas por personal de empresas contratadas "en ningún caso" pueden confundirse con las del personal de la Administración. Además, se obliga a que este personal externo esté en espacios de trabajo diferenciados de los que ocupan los empleados públicos.

Ambas instrucciones se están incumpliendo en el caso de la empresa ADEA y de sus trabajadores incrustados en un despacho del Ministerio de Justicia, donde trabajan junto a los funcionarios en la elaboración de las nóminas, indican fuentes sindicales.

Los trabajadores de la empresa ADEA estarían manejando, por tanto, las nóminas de Magistrados, jueces, fiscales y todo el personal de juzgados y tribunales que no estén transferidos a las comunidades autónomas.