La reforma del sistema financiero español que el Gobierno aprobará el viernes está resultando peliaguda y aunque parece que son las entidades afectadas las que más están peleando contra las nuevas exigencias, son las comunidades autónomas las que están planteando la guerra más dura ante el Ministerio de Economía porque esta reforma menoscaba mucho su poder.

La pretensión de los gobiernos autonómicos es que los requisitos de solvencia se moderen lo máximo posible para intentar que haya un mayor número de cajas que no tenga que convertirse en banco y puedan seguir bajo su supervisión, en lugar de pasar a Economía.

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, es uno de los que más se está fajando en esta pelea. Él no luchó a muerte para conseguir que las dos cajas regionales se fusionaran para que ahora llegue una normativa y les obligue a convertirse en banco y a fusionarse con otra entidad para poder cumplir los nuevos requisitos. Feijóo admitió ayer que trabaja “en silencio y con determinación” para intentar “buscar un escenario razonable” en el sector.

Desde la Comunidad de Madrid y Catalunya también están llegando muchas presiones. El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, reconoció ayer haber mantenido el lunes una conversación con Elena Salgado en la que le pidió que cuando se nacionalice una caja no se expediente a sus directivos, sino que sólo se limite el reparto de dividendos y los bonus. Además, consideró imposible garantizar la salida a bolsa de los nuevos bancos de las cajas antes de septiembre.

Precisamente, los plazos de entrada en vigor de las nuevas exigencias es una de las cuestiones que más debate está generando. Inicialmente, se establecía que septiembre era el plazo límite para tener en marcha el plan con el que elevar la solvencia y ahora se negocia dar más de plazo a las cajas para salir a bolsa dado que acumular todas las colocaciones en tan corto periodo les obligaría a reducir mucho su precio para conseguir vender sus títulos. Fuentes cercanas a los reguladores aseguran que no habrá una fecha límite concreta pero que es previsible que no puedan hacerlo más allá de final de año.

Por otra parte, Caja Madrid ratificó que no piensa pagar el bonus de 25 millones a diez directivos y exdirectivos aunque en el Informe de Gobierno Corporativo aseguró que el consejo de administración únicamente se limitó a aplazar la decisión, en lugar de aprobar su supresión. Enrique de la Torre, un directivo muy cercano a Miguel Blesa, sí cobró su parte del bonus cuando se jubiló en 2009. Percibió 2,782 millones por ese concepto, más 1,993 millones por indemnización por cese.

Los diez principales altos cargos de la caja cobraron el año pasado 11,75 millones de euros, un 5,4% menos que en 2009. Además, Miguel Blesa percibió 2,8 millones a cambio de no trabajar en dos años en otra entidad, al tiempo que Juan Astorqui recibió un millón y Ricardo Morado, 1,7 millones como indemnización por cese.

En este proceso de reforma del sector financiero, CatalunyaCaixa aprobó convertirse en banco el mismo día que dimitió Fernando Casado como presidente y se nombró sustituto a Manel Rosell, informa Gloria Ayuso.