El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) explicó este jueves en Madrid las conclusiones de la comisión de investigación interna que ha impulsado el sindicato en relación al caso de los ERE en Andalucía, en los que varios miembros del sindicato están imputados. La comisión lleva trabajando desde el mes de abril aunque todavía sigue abierta.

Fue el propio secretario general, Ignacio Fernández Toxo, quien salió a la palestra para explicar que la organización sindical ha determinado que hubo 'conductas reprobables, desorden y una facturación manifiestamente mejorable' en el caso de los ERE fraudulentos pero no ha encontrado 'indicio de enriquecimiento personal' de los implicados. Toxo quiso dejar claro que si existiera una trama vinculada a ERE, CCOO 'no ha formado ni formará parte de esa trama'.

Toxo, que estuvo acompañado por el secretario de CCOO-Andalucía, Francisco Carbonero, pronunció una frase lapidaria: 'CCOO no ha cometido ninguna ilegalidad'.

Los responsables del sindicato añadieron que, en cualquier caso, si se demostrase que hubo enriquecimiento personal de alguno de los implicdos, que es algo que tendrá que sustanciarse en sede judicial, CCOO tomará las decisiones que correspondan.

Por su parte, Carbonero responsabilizó de la 'la chapuza administrativa' a la autoridad laboral de Andalucía y subrayó que esa 'chapuza' ha hecho que aparezcan 'intrusos que no lo son o pólizas que tenían que estar en un sitio y han estado en otro, aunque el sindicato no ha participado de ello'.

Carbonero insistió en que el sindicato 'en ningún caso ha hecho acuerdo alguno con el Gobierno andaluz para ver cómo se aportaban las ayudas sociolaborales, ni las federaciones que negociaban los ERE iban corriendo detrás de las aseguradoras, como se dice'.

Toxo avanzó que de los diez imputados, hasta el momento, vinculados a CCOO, se ha convenido que 'cinco de ellos merecen la protección jurídica por parte del sindicato' mientras que de los otros cinco 'algunos no pertenecen a la organización y dos están inmersos en un proceso sancionador por parte del sindicato'.

En ese marco, Toxo dijo que 'no es entendible' que se haya tardado tanto tiempo para pedir los datos a la Agencia Tributaria. Toxo insistió en que no es adecuado facturar a la consultora y reconoció que 'la facturación debería haberse hecho en todos los casos a las empresas. No obstante, Toxo resaltó otra vez que 'no ha habido indicios de enriqueciiento personal de las personas imputadas pero si lo hubiese —dado que el informe es abierto y está sujeto a cualquier tipo de corrección— el sindicato tomaría las decisiones que correspondan'.

Toxo también reveló que la Comisión recomienda que, en un futuro, no se financien costes de actuación en un ERE con cargo a los fondos públicos. 'Creemos que es legal pero el sindicato no debe emitir ninguna factura cuando un ERE esté soportado por recursos públicos'.

Además, Toxo planteó que el Parlamento debata de forma urgente si tienen cabida la financiación pública de los sindicatos y las organizacones empresariales a través de los presupuestos generales del Estado. 'Creemos que sí pero la sociedad tendrá que decidirlo y acabar de una vez con esa discusión'.