La Comisión Europea (CE) ha pedido hoy formalmente a España que cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la recuperación de las ayudas tributarias "incompatibles" concedidas a nuevas empresas establecidas en el País Vasco en la década de los noventa.

La Comisión indicó en un comunicado que ha enviado un dictamen motivado a España -segunda fase de un procedimiento de infracción- por no haber ejecutado una sentencia del Tribunal.

En ese sentido, recordó que si España sigue sin cumplir el fallo, puede remitir el asunto al Tribunal por segunda vez y pedir a éste que imponga multas hasta que se haya recuperado completamente la ayuda.

Las sanciones pueden consistir en multas coercitivas, el pago de una cantidad a tanto alzado o en ambas opciones, precisó la CE.

El pasado septiembre, el Tribunal con sede en Luxemburgo falló que las ayudas, conocidas como "vacaciones fiscales" vascas, son incompatibles con la legislación comunitaria y que, tal como ordenó la Comisión Europea en 2001, debían ser devueltas por los beneficiarios.

En 2006 el Tribunal ya condenó a España por no haber recuperado estas ayudas desobedeciendo a la Comisión, y en 2007 abrió un nuevo procedimiento sancionador por este asunto que terminó con una nueva condena y exigencia de recuperar el dinero ya desembolsado.

La Comisión recalca que, a pesar de la sentencia de 2007, España aún no ha terminado de recuperar la ayuda concedida por las diputaciones de Guipúzcoa y Álava.

La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, señaló que la recuperación de las ayudas que se concedieron a las empresas una "ventaja injusta sobre sus competidores, es esencial para limitar los falseamientos de la competencia en el mercado único".

En 2001, la Comisión declaró que los regímenes de ayudas fiscales que concedían una exención del impuesto de sociedades durante diez años a las empresas de reciente creación en las tres provincias vascas otorgaban una ventaja selectiva a ciertas empresas, y pidió a España que recuperara la ayuda concedida.

En 2007, el Tribunal sostuvo que España no había cumplido las obligaciones de recuperación que se imponían en estas decisiones.

El 14 de abril de 2009, la Comisión solicitó a España información sobre la recuperación de la ayuda mediante un escrito de requerimiento, que constituye la primera etapa del procedimiento de infracción por no ejecutar una sentencia.

La CE concluye que, según la información remitida por las autoridades españolas, todavía no se ha restituido íntegramente la ayuda ilegal concedida por las provincias de Guipúzcoa y Álava.