La Comisión Europea (CE) propuso hoy nuevas normas para afrontar los desequilibrios de competitividad en la Unión Europea (UE), incluidas multas equivalentes al 0,1% del PIB del estado afectado, dentro del paquete legislativo destinado a reforzar la vigilancia de las políticas económicas nacionales.

Con estas iniciativas, Bruselas quiere hacer frente a los desequilibrios macroeconómicos que se han agravado dentro de la Eurozona, como los abultados déficits comerciales y las pérdidas de competitividad en los países del sur de la zona: Portugal, España y Grecia sobre todo.

El último informe de competitividad elaborado por la Comisión reflejaba que, mientras algunos países como Alemania cuentan con importantes superávit comerciales y una demanda interna demasiado débil, otros como España han visto reducir la cuota de sus exportaciones en el comercio mundial, en línea con el deterioro de su competitividad, la alta inflación y la estancada productividad.

Para solucionar estas divergencias, la Comisión Europea ha propuesto poner en marcha un marcador con indicadores, que podrán ser modificados en función del contexto económico.

Los Veintisiete ya se han puesto de acuerdo a nivel técnico en varios de ellos, entre los que se encuentran la balanza por cuenta corriente, el tipo efectivo de cambio real basado en los costes salariales unitarios, el tipo efectivo de cambio real basado en el deflactor del PIB, los precios de la vivienda, la deuda pública y la deuda privada respecto al PIB.

Este marcador incluirá indicadores numéricos de lo que se considera saludable aunque, a diferencia de los límites de deuda o déficit, éstos no serán vinculantes a la hora de sancionar.

En el caso de que la Comisión detecte graves problemas en un país, recomendará al Consejo la apertura de un nuevo tipo de "procedimiento por desequilibrios excesivos", que incluirá recomendaciones de corrección y obligará al país a adoptar un plan para enderezar su situación.

El Consejo fijará una fecha para la mejora del problema pero, ante la evidencia de que muchos desequilibrios no responden a factores que puedan controlar los gobiernos, como ocurre en el caso de los costes salariales, se valorará el cumplimiento de las recomendaciones más que la efectiva reducción de los desequilibrios a la hora de sancionar.

El castigo llegará si Bruselas considera que el país en cuestión ha desoído los consejos de manera repetida y conllevará una multa anual equivalente al 0,1% del PIB nacional del país (que en España equivaldría a unos 1.000 millones de euros) hasta que éste se decida a enmendar su actuación.

Bruselas recomienda que sus propuestas de sanción sean automáticamente adoptadas a no ser que una mayoría cualificada de países vote en contra de las mismas en el Consejo de Ministros en un plazo de diez días.

Sin embargo, la propuesta de la Comisión también abre la puerta a una posible reducción de la multa, ante una propuesta de la Comisión Europea en este sentido, que deberá contar con el respaldo del Consejo.

España es uno de los pocos estados miembros que se opone a estas multas, como expresó esta misma semana la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado.

A este respecto, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, explicó en rueda de prensa que las sanciones contempladas en este nuevo procedimiento no tendrán carácter retroactivo y no se aplicarán a los países con problemas, sino a los que insistan en no seguir las recomendaciones futuras.

Rehn repitió que su objetivo es que el conjunto completo de propuestas legislativas esté en vigor en el verano de 2011, a tiempo para la próxima ronda de evaluaciones de las políticas económicas.

"Será entonces cuando, bajo las recomendaciones de la Comisión Europea, el Consejo podrá hacer recomendaciones. Y, si el estado no las respeta, entonces habrá la posibilidad de sancionar", según explicó el comisario.

En todo el proceso, se tendrá especialmente en cuenta "la severidad de los problemas detectados así como el posible contagio a otros estados miembros" y la consistencia de las recomendaciones con las efectuadas de manera paralela en el proceso de vigilancia de las políticas presupuestarias.

La parte referida a las sanciones sólo afectará de momento a los países de la zona euro.

Para los países fuera del euro, Rehn explicó que Bruselas propondrá también un mecanismo de sanción, en virtud del cual se les retiraría el dinero de los fondos europeos que les correspondieran.