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La CECA pide modificar la ley para facilitar fusiones de cajas

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La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) está en favor de que se realice una "pequeña modificación" en la actual Ley de las cajas que permita al Banco de España autorizar a estas entidades la creación de sistemas institucionales de protección (SIP) para facilitar las fusiones interregionales.

"Defendemos una solución como el SIP pero lo que pretendemos es que se (constituya a través de) un establecimiento financiero de crédito o (a través de una) caja, una caja de cajas, para lo cual no hace falta ni más ni menos que aplicar dentro de lo que sería la LORCA (Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros) una pequeña modificación", dijo el jueves el director general de la CECA, José Antonio Olavarrieta.

El modelo denominado SIP permite a las cajas que se fusionan mantener la personalidad jurídica y sus órganos de gobierno respectivos y el compromiso con sus territorios, como la obra social, aunque contempla la integración operativa de servicios comunes, tecnología y marca, con redes comerciales complementarias.

Además, permite mejorar la solvencia y poner en común los sistemas de riesgo y facilitar los accesos a los mercados.

El director general de la patronal de las cajas explicó que esta modificación de la LORCA debería "facultar al Banco de España, para que cuando autorizase el SIP, autorizase también una caja SIP que estuviese formada por cajas, directores y presidentes de las cajas de ahorros".

La fórmula del SIP permite no contrariar a los poderes políticos de las respectivas comunidad autónomas, que son los que han obstaculizado las fusiones interregionales plenas, al disponer los gobiernos regionales del derecho de veto.

En la inauguración del Foro Cajas de Ahorros y Tercer Sector, Olavarrieta sostuvo que "es cuanto menos exótico" que las cajas de ahorros necesiten a un banco para crear un SIP, y abogó por que estas operaciones puedan llevarse a cabo a través de un establecimiento financiero de crédito o una caja.

El Banco de España en su circular número 3 de 2008, en la normativa decimoquinta, no fija de qué naturaleza tiene que ser la entidad que constituya el SIP, más allá de fijar unos criterios para los cálculos de las exposiciones ponderadas por riesgo de crédito, pero sí establece que la entidad tiene que ser supervisada por el banco central.

Las cajas temen una bancarización de su sector con motivo del proceso de consolidación abierto.

En la absorción de CCM por parte de Cajastur, se optó por pasar los activos y pasivos de la caja castellanomanchega al Banco Liberta, una filial de Cajastur.