El consejero delegado de Cepsa, Dominique de Riberolles, rechazó hoy la posibilidad de gravar los carburantes con un nuevo impuesto para financiar parte de las ayudas a las energías renovables, una idea que los productores renovables han planteado al Ministerio de Industria.

"No es gravando los productos petrolíferos como se va a solucionar el déficit de tarifa", dijo De Riberolles en alusión a la diferencia negativa entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico, que se atribuye sobre todo a las primas a las renovables.

En un encuentro con la prensa tras la inauguración de las nuevas instalaciones de la refinería de La Rábida (Huelva), De Riberolles rechazó gravar los productos petrolíferos para "llenar la caja de otro sector".

"No puede imponerse una tasa a los carburantes para mejorar la situación de las eléctricas", añadió. "Las refinerías ya han hecho un esfuerzo enorme para reducir las emisiones".

No obstante, el consejero delegado de Cepsa explicó que tanto el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, como representantes de varios grupos parlamentarios le han asegurado que no está previsto imponer esa tasa.

Fuentes del sector consultadas por Efe explicaron, sin embargo, que persiste el temor entre las empresas petroleras.

Las declaraciones del consejero delegado de Cepsa se unen a las efectuadas a finales de septiembre por el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau.

En declaraciones a Efe, Brufau dijo en aquella ocasión que gravar los carburantes con un nuevo impuesto para financiar las ayudas a las energías renovables no respondería a una política energética "sensata".

Brufau advirtió de que un nuevo impuesto sobre los hidrocarburos "tendría un impacto negativo en la renta disponible de las familias y en los costes de las empresas" y agravaría la situación del sector del transporte.

Los productores de energías renovables han propuesto a Industria que los consumidores de gas y productos petrolíferos paguen el 75 por ciento de las primas que recibe ese sector y que hasta ahora se financian a través del recibo de la luz.

La Subcomisión del Congreso encargada de definir la política energética de los próximos 25 años consideró oportuno estudiar esta posibilidad.