Por tres votos a favor y dos en contra la Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer un informe favorable al anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El estudio, redactado por Margarita Uría, y apoyado por los vocales progresistas Margarita Robles y José Manuel Gómez Benítez, recomienda la creación de un registro de objetores de conciencia para los profesionales sanitarios.

El Consejo considera que las menores de 16 y 17 años tienen plena capacidad para decidir si se someten a un aborto o no, aunque recomienda que los padres sean informados de la intervención con excepciones. Al contrario de lo que ocurrió con uno de los informes del Consejo Fiscal, que declaró inconstitucional el aborto libre dentro de las primeras 14 semanas, los jueces creen que la ley de plazos se adecúa a la Constitución.

A pesar del informe favorable, los dos vocales que se opusieron a él, Concepción Espejé y Claro José Fenández, emitirán un voto particular que será elevado al Pleno del Consejo que se celebra el próximo jueves, explicaron fuentes del CGPJ. De esta reunión saldrá el informe definitivo de carácter vinculante que se enviará al Gobierno para que apruebe el proyecto de ley que irá después al Parlamento.

El primer informe elaborado por el CGPJ aconseja la creación de un 'Registro de Objetores de Conciencia de Profesionales Sanitarios' cuando se refiere a la formación de los comités médicos que deberán decidir los abortos más allá de las 22 semanas. En el anteproyecto de ley se excluye de estos órganos de decisión a los facultativos que se hayan posicionado en contra de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE). Respecto a la exclusión, el Consejo cree que 'debiera precisarse para dar satisfacción al principio de seguridad jurídica'. Así, propone registrar quién es objetor de conciencia.

En el informe se considera que los 16 años son 'un umbral objetivo de madurez' ya que esta es la edad que 'el Código Civil contempla para que pueda tener lugar la emancipación por concesión de los padres o de la autoridad judicial'. El Consejo incluso cree que las menores de 16 pueden prestar consentimiento por sí mismas, 'siempre que tengan la suficiente capacidad intelectual y emocional' para comprender el alcance de la intervención. Sin embargo, los jueces recomiendan 'reconocer' a los padres el derecho de estar informados, aunque con excepciones: en casos de 'violencia doméstica, desarraigo familiar, y agresiones o abusos sexuales'.

Para los jueces 'no es posible deducir la incompatibilidad constitucional de la introducción de un sistemas de plazo para la práctica de la IVE'. En el informe se concreta que la prevalencia de los derechos de la mujer 'disminuye progresivamente a medida que se desarrolla la gestación, de tal modo que a partir de las 22 semanas no hay posibilidad legal de IVE, salvo la indicación eugenésica más grave'. En lo que se refiere a este supuesto, los jueces recomiendan que el legislador glose los conceptos de 'anomalía grave' o 'incompatible con la vida'. El objetivo: evitar 'fraude de ley'.

Los jueces no creen que la entrega de un consentimiento informado por escrito advirtiendo de los métodos y condiciones del aborto sea suficiente para que el Estado proteja la vida prenatal como se establece en la sentencia de 1985 del Tribunal Constitucional. Por ello, proponen que esta información sea 'exhaustiva, completa, individualizada y personal teniendo en cuenta las circunstancias personales, familiares y sociales de la gestante'. Creen imprescindible que ella también debe conocer 'las consecuencias físicas y emocionales de un aborto'.

Para evitar 'desigualdades' en el acceso a la prestación del aborto, los jueces aconsejan controles más concretos que la Alta Inspección del Estado que establece el anteproyecto. Así, dicen, también se evitará 'inseguridad jurídica'.