La ministra de Vivienda, Carme Chacón, ha afirmado hoy que el acoso inmobiliario en España no va quedar impune, tras firmar diez convenios con otros tantos Ayuntamientos para poner en marcha una experiencia piloto que proporcionará ayudas sociales y jurídicas a los afectados.

Los Ayuntamientos son los de Hospitalet de Llobregat, Fuenlabrada, Gijón, Denia, La Coruña, Vitoria, Getafe, Córdoba, Elche y Las Palmas.

El acoso inmobiliario consiste en prácticas que deterioran la vivienda de un inquilino o, también, de un propietario -generalmente, personas mayores-, así como en la presión de especuladores para que los afectados abandonen la vivienda, normalmente de renta antigua.

"Son personas indeseables que no reparan en el dolor humano de las personas más indefensas, desamparadas y desvalidas", ha continuado la ministra. Y como desde el Ministerio no se podía actuar, se firmó en diciembre pasado un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para llevar a cabo actuaciones y programas conjuntos contra el acoso.

En el acto, la ministra ha dado las gracias a los alcaldes de estos municipios, así como al presidente de la FEMP y alcalde de Getafe, Pedro Castro, por ser los primeros en sumarse a la iniciativa.

Ha anunciado que otros Ayuntamientos, como los de Valladolid, Murcia, Zamora, Badajoz y Málaga, han mostrado su interés en incorporarse al programa.

La ministra ha señalado que no existen estadísticas oficiales sobre es tipo de acoso y que se trata de "un drama silencioso, que afecta en especial a personas mayores y ante el que el Gobierno no podía permanecer indiferente".

Esta práctica, ha añadido, es llevada a cabo "por una minoría de promotores y constructores sin escrúpulos" que "son la excepción, ya que España cuenta con uno de los sectores inmobiliarios más avanzados del mundo, pero son excepciones que no vamos a tolerar y contra las que vamos a pelear juntos".

Chacón ha precisado que en la lucha contra el acoso inmobiliario la colaboración de los Ayuntamientos es esencial, "porque son los que tienen la información y los que están más cerca de los ciudadanos".

Ha explicado que la experiencia piloto que hoy se pone en marcha es "sencilla y eficaz".

El Ministerio pone al servicio de los Ayuntamientos que firmen el protocolo un servicio telefónico gratuito (900 900 707) al que cualquier víctima puede llamar, tras lo que el Departamento pondrá en conocimiento del municipio el caso, para que éste lo estudie y busque asistencia social y jurídica gratuitas para el afectado.