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Chile debe modificar su sistema penitenciario, dice Human Rights Watch

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Chile debe modificar sustancialmente su sistema penitenciario para poner fin al hacinamiento y mejorar las condiciones carcelarias, declaró hoy la organización humanitaria Human Rights Watch.

Según un comunicado que publica la entidad en su página web, la muerte, este miércoles, de 81 reclusos en un incendio que afectó a una cárcel de Santiago "pone en evidencia las consecuencias desastrosas de la sobrepoblación carcelaria".

La sobrepoblación y las condiciones carcelarias deficientes son dos graves problemas en Chile desde hace años. "Es crucial que el Gobierno chileno dé prioridad a una revisión sustancial del sistema penitenciario", precisó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

El texto recuerda que además de los 81 muertos, el incendio dejó otros quince heridos, algunos de ellos graves, además de cinco guardias y un bombero también heridos en la cárcel de Santiago, en la que habían 1.900 presos, pese a que fue construida para albergar a mil.

Tras señalar que en promedio las cárceles chilenas tienen dos presos en espacios diseñados para uno, Human Rights Watch cita documentos de organizaciones chilenas de derechos humanos y un informe de la Corte Suprema que el año pasado advirtieron sobre las condiciones carcelarias.

Según esos informes, además de hacinamiento, varias cárceles chilenas presentan condiciones deficientes de salubridad, ventilación, nutrición y carecen de agua potable.

"Pese a que las condiciones carcelarias propician problemas de salud y favorecen la propagación de enfermedades infecciosas, el acceso a la atención médica en las prisiones chilenas es inadecuado", subraya.

La institución señaló además que las obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos asumidas por Chile a través de tratados regionales e internacionales exigen que asegure el trato humano de los reclusos y que se respete su dignidad.

Ello implica, añade, adoptar medidas para garantizar que las condiciones de detención no sean degradantes y que los presos tengan acceso adecuado a servicios de salud.

"Los presos no renuncian a todos sus derechos al ingresar a prisión, sino únicamente al derecho a la libertad y otros derechos relacionados que no pueden ejercerse en un ámbito de reclusión", advierte.

Cita, en ese contexto, un informe dado a conocer en marzo por una comisión de revisión carcelaria designada por el Gobierno, que señala que los problemas existentes se deben a demoras en la construcción de nuevos establecimientos.

También a la necesidad de acelerar el procesamiento de los casos penales, a la aplicación de políticas que promueven penas más severas y a la falta de desarrollo de alternativas efectivas a la prisión.