Unas 300 personas de organizacionescontrarias a un polémico proyecto de ley que despenaliza elaborto en Uruguay protestaron el lunes contra la iniciativa,pocas horas antes de que el Congreso vote la norma.

El proyecto, que prevé la despenalización de lainterrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación,fue aprobado por los senadores el año pasado y será debatido elmartes en la Cámara de Diputados, donde según versiones demedios locales tiene votos suficientes para ser avalado.

Con carteles de "No matarás" y "Decile no al aborto",miembros de organizaciones contrarias a la legalización delprocedimiento se reunieron en la principal avenida de lacapital uruguaya, Montevideo, para rechazar el proyecto.

"La mayoría de este Parlamento (Congreso) está votando antivalores. Se pretende votar la peor de todas las leyes", dijoCarlos Iafigliola durante la manifestación.

La norma fue presentada por legisladores oficialistas,aunque no cuenta con la aprobación del presidente uruguayo, elmédico socialista Tabaré Vázquez, quien anunció que vetarácualquier ley que vaya en ese sentido.

Asimismo, el arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, sumóotra página a la polémica al declarar en una entrevista quequienes voten la ley quedarán "excomulgados ipso facto", lo quedespertó críticas de varios legisladores.

Actualmente, en el país rige una ley de 1938 que castigacon prisión a las mujeres que aborten y a quienes colaboren conel procedimiento. La justicia puede eximir del castigo en casosde violación o de riesgo de vida para la madre o el feto.

Según el proyecto, la mujer puede decidir la interrupcióndel embarazo alegando "circunstancias derivadas de lascondiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones depenuria económica, sociales, familiares o etáreas, que a sucriterio le impidan continuar con el embarazo".

La ley en discusión considera a las interrupciones delembarazo como actos médicos sin valor comercial que serealizarán en servicios de asistencia públicos y privados.

Esta modificación, según los impulsores de la norma, buscaterminar con las clínicas ilegales donde se realizan abortos, aveces en precarias condiciones donde corre peligro la vida dela mujer.

"Si el poder político no da una respuesta a laproblemática, ¿cuál es la alternativa? ¿seguir con una ley quelo único que ha hecho es hacer que el aborto sea una prácticaclandestina?", comentó días atrás a una radio local AlejandraLópez, de la agrupación Mujer y Salud en Uruguay (MYSU).

Para los opositores al proyecto en trámite, debeconsiderarse y defenderse la vida del bebé que está por nacer.

"Si los vientres maternos fueran transparentes seguramentemucha gente que hoy está a favor de esta ley votaría encontra," dijo Iafigliola la semana pasada.

Cada año se realizan unos 30.000 abortos en clínicasclandestinas en Uruguay -según los datos de los impulsores dela despenalización- en intervenciones cuyo costo puede alcanzarhasta los 1.000 dólares.

Según una encuesta de octubre del año pasado de laconsultora local Factum, un 61 por ciento de los uruguayos estáa favor de la despenalización del aborto.