Los gobiernos de Aragón, Andalucía, Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha han unido hoy sus voces para avisar al grupo de presión de las compañías eléctricas de que les tienen en frente y para mostrar su apoyo al Gobierno en la defensa del Decreto que prima el consumo de carbón autóctono.

Los recursos judiciales planteados por las eléctricas contra el Real Decreto aprobado por el Gobierno, que han prosperado a nivel europeo y nacional con la paralización cautelar de las ayudas públicas, es visto por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, como un "acto de hostilidad y de enemistad" que la administración que dirige "no olvidará".

En Valladolid se han reunido hoy los consejeros del área económica de las cinco autonomías que tienen minas de carbón, para firmar un documento de consenso para defender la redacción de un nuevo Reglamento del Carbón en la Unión Europea que no aboque al cierre a las empresas dedicadas a la extracción de este mineral en 2014.

Era un encuentro previsto con anterioridad a los vaivenes producidos por el enfrentamiento en los tribunales con las empresas eléctricas, pero las paralizaciones cautelares dictadas por los jueces han cambiado el paso de los representantes autonómicos, quienes se han erigido como grupo de presión -lobby- alternativo al que forman las eléctricas.

"Frente al grupo de presión de las eléctricas aquí está el grupo de presión de los ciudadanos y de los trabajadores", ha resumido el representante del Gobierno de Castilla-La Mancha, el consejero Julián Sánchez.

Antes de la firma del documento, que han rubricado también las patronales mineras de España y Alemania, el presidente de la Junta de Castilla y León ha pronunciado una declaración institucional en la que ha insistido en que no se entiende que las empresas eléctricas denuncien ante los tribunales el pago de ayudas de apoyo al carbón autóctono por 300 millones de euros cuando ellas se benefician de apoyos públicos que suman "veinte veces más, hasta llegar a los 6.000 millones de euros".

"Es un sinsentido", ha lamentado Herrera, quien ve "totalmente sorprendente" que estas compañías eléctricas "en ningún momento se hayan dirigido" a las administraciones autonómicas con las que colaboran habitualmente, al menos para avisar de que iban a presentar estos recursos y para conocer la repercusión social que tiene esa decisión.

Herrera ha animado a los consejeros reunidos en Valladolid y al propio Gobierno de España a luchar "con uñas y dientes" para defender unos intereses que están asistidos por "la razón" ante el grupo de presión de las eléctricas, a las que ha conminado a cumplir lo que firmaron en 1996: el protocolo de regulación del sistema eléctrico español.

El presidente autonómico ha reconocido que la paralización judicial de las ayudas devuelve a las empresas mineras y a los trabajadores a la situación previa a la aprobación del Real Decreto -que incluyó impagos de nóminas y protestas de los trabajadores-, por lo que ha sostenido que si no se soluciona esta situación "la viabilidad inmediata de las explotaciones es prácticamente cero".

El documento presentado hoy por estas autonomías consta de unos antecedentes en los que se detalla el recorrido normativo de la Unión Europea en materia energética y las circunstancias nacionales que han respaldado la existencia de ayudas públicas para el funcionamiento de las explotaciones mineras en los últimos años.

Además, proponen una serie de principios que en su opinión deben defender los gobiernos de España y Alemania -con intereses coincidentes- para cambiar la actual redacción del Reglamento Comunitario del Carbón, que tendrá vigencia a partir del 1 de enero de 2011.

Entre otras cuestiones, demandan que las ayudas incluidas en el reglamento no estén vinculadas a un plan de cierre de las explotaciones mineras, ya que consideran que las empresas no asumirían el funcionamiento de unas compañías que tendrían previsto su cierre en 2014, según el texto actual.