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Los cinco falsos mitos del PP sobre los inmigrantes y la sanidad pública

Amnistía Internacional desmiente las razones esgrimidas por altos cargos conservadores, como la ministra Ana Mato, para excluir a los inmigrantes en situación irregular de la sanidad pública

ALEJANDRO TORRÚS

La adopción e implantación del Real Decreto de 1 de septiembre de 2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y Mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones ha supuesto la violación sistemática de derechos humanos de los inmigrantes en situación irregular. Así lo denuncia Amnistía Internacional en su informe El laberinto de la exclusión sanitaria. Sin embargo, tan grave como la violación del derecho a la salud de toda persona por parte del Estado español son las razonas esgrimidas por los altos cargos del Partido Popular, entre ellos la ministra de Sanidad, Ana Mato, para justificar la nueva legislación.  

'Se han vertido afirmaciones que parecieran estar orientadas a retratar a las personas migrantes como colectivos que no contribuyen al desarrollo del país y que, sin embargo, disfrutan de derechos y privilegios. Estas palabras han procedido de miembros del gobierno central, autoridades públicas y miembros de partidos políticos”, alerta Amnistía Internacional (AI).

Por ello, la ONG ha recopilado los argumentos y discursos de los mandatarios conservadores y los ha enfrentado con 'información contenida en informes técnicos y de organismos internacionales' con el propósito de derrumbar algunos 'mitos sobre migración y sanidad' y de contrarrestar las justificaciones del PP. Asimismo, la ONG recuerda que 'ninguna vulneración de derechos humanos admite ninguna justificación'.

1. Los inmigrantes realizan un uso excesivo de los servicios de atención sanitaria

La ministra de Sanidad Ana Mato argumentó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 20 abril de 2012 que la nueva normativa trataría de poner fin a la 'utilización indebida de los servicios sanitarios por algunos extranjeros'. 'Hemos garantizado la universalidad de la sanidad para todos los españoles, y también, al mismo tiempo, vamos a adoptar las medidas necesarias para acabar con la utilización indebida de los servicios sanitarios por algunos extranjeros, y también con los abusos que, a veces, estos extranjeros cometen accediendo al sistema sanitario sin tener derecho a ello'.

Los inmigrantes utilizan menos los servicios sanitarios que los autóctonos Frente a la acusación de Ana Mato, no sustentada en datos reales, AI recoge un fragmento del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud elaborado por el Ministerio de Sanidad y Consumo en 2009 en el que se reconoce que 'el uso de los servicios sanitarios por parte de la población recién llegada parece ser inferior que el de la autóctona'. 'Al observar de forma global los resultados obtenidos en la presente revisión, destaca la menor utilización de las actividades de prevención por parte de la población inmigrante, especialmente en lo que hace referencia a la salud de la mujer', refleja el informe del Ministerio de Sanidad.

Asimismo, el informe Impact of immigration on the cost of emergency visits in Barcelona (Spain), realizado por un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria de Barcelona (IMAS) afirma: 'Los inmigrantes tienden a utilizar el servicio de urgencias de los hospitales con preferencia a otros servicios de salud. Aun así, el coste de las visitas que los inmigrantes adultos hicieron al servicio de urgencias del Hospital del Mar de Barcelona, durante los años 2002 y 2003, fue menor que el generado por las visitas de adultos autóctonos, con la excepción de las mujeres embarazadas”.

2. La calidad de la atención sanitaria en España constituye un 'efecto llamada' para las personas migrantes

Rafael Hernando, portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputados, en agosto de 2012: 'El servicio de salud universal no está para todo el universo y el gratis total no existe [...] La inmigración debe estar vinculada al empleo regular y los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es volver a sus países de origen'. España 'debe dejar de ser un país en el que la gente se empadrona, incluso sin residir, sólo con el objetivo de acceder al servicio sanitario y a prestaciones sociales, cuando ni siquiera tienen trabajo'.

Para contrarrestar esta justificación de Hernando de tratar de frenar el 'efecto llamada', AI echa mano de la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007 (la última realizada hasta la fecha) en el que se reconoce que los principales motivos por los que los migrantes elegían a España como destino eran la mejor calidad de vida que ofrece España (40%) y la búsqueda de un empleo mejor (39%). Asimismo, la encuesta recoge también la reagrupación familiar (32%), la falta de empleo en el propio país (23%), el coste de la vida (14%), el clima (11%) y razones formativas o educativas (8%). Las ofertas no son excluyentes entre sí en la encuesta.

3. La reforma sanitaria constituirá un ahorro

El portavoz del Partido Popular en el parlamento cántabro, Eduardo Van den Eynde Ceruti, aseguró el pasado 4 de marzo en relación a la nueva normativa que expulsa a los inmigrantes sin papeles de la atención primaria: '[...] Es un sistema más eficiente les guste o no, es un sistema más justo y sobre todo además es un sistema que garantiza su sostenibilidad y su solvencia, que es justo, justo, justo lo contrario de su sistema de barra libre y facturas al cajón, cuyo final era la quiebra cierta del sistema público de salud'.

La calidad del servicio sanitario no produce 'un efecto llamada' El argumento de Van den Eynde es simple. No atender a los inmigrantes porque es demasiado caro y lo primero es la 'sostenibilidad' y la 'solvencia' económica y más en una época de crisis. Esta razón es enfrentada por la ONG al informe Migrants in an irregular situation:Access to healthcare in 10 European Union Members States elaborado por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 2011 que asegura que 'excluir a las personas migrantes en situación irregular de la atención sanitaria pone en peligro su vida y su bienestar, incrementa el coste de un futuro tratamiento de urgencia y también puede suponer un potencial riesgo de salud para la comunidad'.

4. La población migrante, si no trabaja, no contribuye al Sistema Nacional de Salud y no puede tener acceso al mismo.

Constituye este argumento o mito uno de los puntos básicos en el argumentario del Partido Popular sobre la exclusión de inmigrantes del Sistema Nacional de Salud. El propio presidente extremeño José Antonio Monago aseguró en agosto de 2012 que 'si al final se presta una sanidad a todos el mundo, ¿para qué va a colaborar uno con sus impuestos si quien no colabora con ese sistema tiene también cobertura?'.

Los inmigrantes en situación irregular sí contribuyen a financiar la sanidad pública Este argumento, sin embargo, contradice toda lógica. El SNS se financia desde enero de 1999 mediante los impuestos generales, como el IRPF o el IVA entre otros y no a partir del Sistema de cotizaciones sociales. Por lo tanto, las personas migrantes contribuyen a través del pago de los impuestos a la financiación del Sistema Nacional de Salud.

5. La población migrante recibe más beneficios sociales que la población autóctona.

La OCDE en su informe International Migration Outlook 2013 explica que el impacto fiscal de la inmigración en España, es decir, la diferencia entre las aportaciones que realizan las personas migrantes vía impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social y el gasto en servicios públicos, beneficios sociales y pensiones, arroja un resultado positivo que representa el 0,54% del PIB, es decir unos 5.500 millones de euros. Es decir, las personas migrantes obtienen menos beneficios sociales que las personas con residencia legal y las personas españolas.

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