Publicado: 03.01.2010 18:00 |Actualizado: 03.01.2010 18:00

Los cinco retos de la Ley de Dependencia

La norma, en vigor desde hace tres años, beneficia a 463.303 personas. No obstante, su implantación es lenta

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1. RETRASO EN HACER LLEGAR LA AYUDA

Las ayudas tardan en llegar hasta 15 meses. Las autonomías han agilizado la evaluación de los dependientes, pero el siguiente paso, la determinación del tipo de prestación que se da, sigue estancado. Un 36% de las personas con derecho a ayuda aún la espera. 


A Consuelo Martínez, de 84 años, ya no le funcionan los pies ni las manos y sólo recuerda entre brumas fragmentos de su juventud en el populoso barrio del Mercat de Valencia. Desde hace 11 años vive con su hija Rosa y su sobrino Elías, con un 85% y un 45% de minusvalía respectivamente.

No obstante, entre los dos cuidan de Consuelo, que solicitó el 27 de febrero de 2008 su ayuda como dependiente y todavía no ha recibido ni un céntimo. "¿Dónde está el dinero para los mayores? Camps lo ha gastado en fastos como la visita del Papa y la Fórmula 1", se pregunta y responde Rosa.

Hace un año, la Generalitat determinó que Consuelo es una gran dependiente (tiene un grado 3 nivel 1). El 9 de diciembre, la anciana recibió la notificación de que se le concedían los 415 euros mensuales para su cuidador familiar. Un mes después, el dinero no ha llegado y Rosa sospecha que tardará meses. La Plataforma de Valencia denuncia que, aun concedidas las ayudas, éstas tardan meses en hacerse efectivas. POR SERGI TARÍN


La lenta implantación de la Ley provoca que en muchos casos el dependiente muera antes de recibir la prestación. La ley dice que es retroactiva y toma como referencia la solicitud, pero algunas autonomías han aprobado normas que restringen este derecho.


La barcelonesa Marga Lalande lleva meses reclamando lo que cree suyo. Su madre, gran dependiente, murió en febrero de 2009 sin haber recibido la ayuda que pidió en abril de 2008. La Ley de Dependencia establece que las prestaciones se darán con retroactividad teniendo en cuenta cuándo se hizo la solicitud.

No obstante, la Generalitat de Catalunya añadió a la ley una objeción: si el dependiente fallece, sus herederos sólo recibirán la ayuda si antes se había determinado el tipo de prestación que le correspondía, el denominado Plan Individualizado de Atención (PIA). La madre de Marga murió un mes antes de que se resolviera su PIA. Tenía 86 años.

"Lucharé lo que haga falta, el dinero me corresponde", asegura Marga. Durante dos años ha pagado 1.200 euros mensuales a una chica para que cuidara de sus padres. Ahora lamenta que la Ley le dé la espalda. Su padre también es dependiente. Solicitó la ayuda el mismo día que su madre y aún no recibe nada. Perdieron su expediente.  


La aplicación de la norma es desigual: en Balears sólo un 40% de los dependientes con derecho a ayuda la recibe; en Navarra, un 82%. Según la Asociación de Directores de Servicios Sociales, Canarias es la que peor la aplica y Andalucía la que mejor. 


"Ella es mis pies y mis manos desde que me levanto hasta que me acuesto". Así define José Manuel Risco a su mujer y cuidadora. Han tardado más de un año y medio en recibir la ayuda que les corresponde en aplicación de la Ley de Dependencia: 415 euros.

Pese al retraso, este sevillano de 29 años con ataxia -una enfermedad degenerativa que le impide coordinar los movimientos- no se queja, sabe que muchas otras personas en su misma situación continúan sin cobrar. De hecho, Andalucía fue la primera comunidad en estrenar la Ley y, según el último dictamen de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, la que mejor la está aplicando.

No obstante, José Manuel considera que, más allá de agilizar el cobro, las administraciones deberían dar más facilidades en la tramitación de la ayuda. "Los que la pedimos no nos podemos mover, que no nos pidan un papel y luego otro y otro; los trámites tienen que ser más sencillos", afirma. POR OLIVIA CARBALLAR


La Ley establece que las ayudas económicas para los familiares son excepcionales, aunque los afectados suelen preferir estas prestaciones. Un 57% de las ayudas son de este tipo. Para las autonomías es más barato dar dinero que crear infraestructuras. 

Felicia Vera, de 69 años, recibe 415 euros al mes por cuidar de su marido. La Ley de Dependencia dice que las ayudas económicas deben ser excepcionales, pero también reconoce el derecho de las familias a elegir la prestación que quieren recibir.

El marido de Felicia, de 79 años y postrado en cama desde hace justo un año, se ha quedado ciego. "Le cuido muy a gusto, es mi obligación", repite la mujer, al tiempo que insiste en que no puede quejarse de nada.
"Soy pequeña y muy delgada", explica Felisa. No tiene fuerzas para asear sola a su marido. Suerte que cada mañana acude a ayudarla una trabajadora social del ayuntamiento de San Juan, el municipio murciano donde viven.

Esta situación no le viene nueva. "Mi madre estuvo cuatro años en cama y entre mi hermana, que vive enfrente, y yo la cuidamos", explica. "Tengo la espalda mal y a veces la cabeza me duele mucho. Pero no me quejo de nada. Sólo pido tener fuerzas para continuar cuidándolo".  


Para que la ley funcione correctamente, deben estar bien  coordinados los servicios sociales locales y las autonomías. En la mayoría de territorios esto no ocurre. Ello retrasa la resolución de expedientes y merma la calidad de los servicios. 


"Me daban una ayuda incompatible con mi realidad". Filo Sánchez, de 39 años, explica que no dio crédito cuando, el pasado septiembre, la Consejería de Asuntos Sociales de Madrid le ofreció un servicio de atención a domicilio combinado con una ayuda económica para cuidar a su hija Tamara, gran dependiente.

"Mi hija no puede valerse por sí misma y de lunes a viernes está interna en un colegio de la ONCE, ¿de qué me sirve que una mujer venga a ayudarme, si la niña [de 15 años] no está en casa?", protesta.

A Filo le ayudó a solicitar la ayuda por la Ley de Dependencia una trabajadora social de Mejorada del Campo, donde vive con su marido y sus cinco hijos. Esta, que conoce de cerca la situación de Filo, le aconsejó que lo mejor en su caso era recibir la prestación económica. Cuando su expediente pasó de los servicios sociales municipales a la Consejería, no hubo coordinación, se perdió toda lógica y se concedió a Filo una ayuda que de nada le servía. Ahora, continúa esperando que revisen su caso.