Publicado: 17.12.2013 17:37 |Actualizado: 17.12.2013 17:37

CiU convence al PP para rebajar las multas a los conductores que consuman alcohol

Serán de 1.000 euros cuando la tasa duplique la permitida o sea reincidente. El proyecto inicial establecía esa cantidad cuando se diera positivo en el test de alcoholemia

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La Comisión de Interior del Congreso ha dado este martes luz verde a la reforma de la Ley de Tráfico, que ahora pasará al Senado, y ha suavizado las multas por consumo de alcohol al volante, que, frente al proyecto inicial, sólo serán de mil euros si la tasa duplica la permitida o si se es reincidente.

Así lo han acordado "in extremis" PP y CiU, por lo que frente a las multas que establecía el proyecto inicial, que incrementaba de los 500 euros actuales a 1.000 euros por dar positivo, en la nueva redacción sólo se sancionará con esa cantidad máxima cuando se duplique la tasa permitida, es decir cuando se dé 1 gramo de alcohol por litro de sangre.

También será de 1.000 euros cuando el conductor se niegue a someterse a la prueba de alcoholemia o cuando sea reincidente, es decir, que haya sido multado por consumo de alcohol durante el año inmediatamente anterior a la sanción, según la enmienda transaccional pactada entre PP y CiU, que ha contado con el apoyo de todos los grupos a excepción del PSOE, que se ha abstenido.

Precisamente, esos dos grupos también acordaron la semana pasada, en el trámite de ponencia, establecer en los 16 años la edad hasta la que será obligatorio el uso del casco de la bicicleta en ciudad, a pesar de que la intención inicial del Gobierno era imponerlo hasta los 18 años.

Son estas las dos novedades más importantes del proyecto de reforma de la Ley de Tráfico, que ahora pasará al Senado y cuya aprobación definitiva supondrá la puesta en marcha del nuevo Reglamento de Circulación, que no entrará en vigor hasta al menos marzo.

El informe de la ponencia ha sido aprobado en la Comisión de Interior de la Cámara Baja con los votos en contra del PSOE y la Izquierda Plural, en un debate no exento de críticas a la celeridad con la que se ha tramitado en el Congreso un tema que, según la oposición, requería de mayor sosiego al afectar a un número muy importante de ciudadanos.

Mientras que el uso obligatorio o no del casco en ciudad fue el protagonista estrella de otros debates del proyecto, este martes ha quedado más en un segundo plano y han sido las multas previstas para el consumo de alcohol al volante las que han centrado la sesión.

Casi de forma unánime, los grupos han considerado desproporcionada y poco acorde con los tiempos de crisis la propuesta del Ministerio del Interior de duplicar las actuales multas por esa infracción. Hasta la diputada del PP Concepción Bravo, a la que el resto de los portavoces ha agradecido su trabajo, ha reconocido que el importe propuesto (mil euros) era muy alto y se ha avenido a pactar con CiU la citada nueva redacción.

El diputado nacionalista Jordi Jané ha lanzado el guante, que ha recogido el PP, ha hecho hincapié en el "afán recaudatorio" de la idea inicial de Interior y ha insistido en lo que podría suponer desembolsar 1.000 euros a una familia en tiempos no precisamente de bonanza. Un agujero en el bolsillo para muchas de ellas, ha ratificado la diputada socialista Elena Castellano, al recordar que muchos sueldos ni siquiera alcanzan esa cantidad.

Suavizadas ya las multas, los grupos no han podido ver satisfechas otras de sus peticiones, como la del diputado del PSOE Carles Corcuera de no obligar al uso del casco en ciudad o de implantar la tasa 0,0 para los conductores profesionales o noveles.

Ni siquiera la de la Izquierda Plural, cuyo diputado Ricardo Sixto que ha vuelto a poner sobre la mesa su propuesta de rebajar de los 16 años, ya acordados en el trámite de ponencia, a los 12 como edad límite para que los menores lleven obligatoriamente el casco en las urbes.

Joseba Agirretxea ha ido más lejos y ha reiterado su oferta de que sean los ayuntamientos los que tomen la decisión en virtud de sus competencias en las ciudades. Toni Cantó, de UPyD, ha criticado que se suban las multas mientras bajan las inversiones en infraestructuras y se "deterioran" las carreteras.

Y como otros portavoces, ha reprochado que la nueva ley permita que el futuro Reglamento suba el límite máximo de velocidad a 130 kilómetros por hora en determinados tramos y circunstancias de autovías y autopistas. Para Cantó, una herramienta para "salvar del rescate a autopistas en quiebra". "A mayor velocidad, mayor siniestralidad", ha zanjado Sixto.