Convergencia i Uniò suspenderá de la militancia a los dos altos cargos de la formación que fueron encarcelados ayer por el juez Baltasar Garzón por su presunta participación en una red de corrupción en varios municipios de Barcelona, informó el portavoz parlamentario, Oriol Pujol.

Pujol ha señalado que la suspensión de los ex altos cargos de la Generalitat catalana en la época de Jordi Pujol Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, para los que ayer se decretó prisión, se hace de forma cautelar a la espera de que se esclarezcan los hechos.

"Aunque no hemos podido hablar directamente con ellos, con lo cual no hemos podido contrarrestar los delitos que se les imputan, el comité ejecutivo nacional tramitará la suspensión temporal de su militancia a la espera de conocer los hechos, esperando (..) que así su inocencia podrá ser mejor demostrada", dijo Pujol a la prensa.

El anuncio de la formación convergente se suma al realizado por el PSC, que dijo que suspenderá el lunes de la militancia al alcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz y al concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, encarcelados también por Garzón.

Cada uno está acusado de al menos tres de los siguientes delitos: asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, defraudación a la Hacienda Pública, fraude de subvenciones, falsedad en documento oficial y mercantil y encubrimiento.

Además, el juez decretó prisión incondicional para Luis Andrés García, un empresario al que considera uno de los máximos responsables de una trama que, según el relato del juez, se dedicó al tráfico de influencias. García actuó de "consejero de facto o en la sombra que mediatiza todas y cada una de las acciones" del alcalde y del teniente de alcalde de Santa Coloma, según el auto judicial.

"Y accediendo a otras personas que forman parte de entidades públicas para conseguir que los proyectos y adjudicaciones caigan de parte o en beneficio de los empresarios imputados o sus empresas, vinculadas a las actividades de promoción y construcción inmobiliaria; y todo ello para obtener ilícitamente las ganancias correspondientes", dijo el juez.

"A esta labor coadyuvan eficazmente los imputados Luis Prenafeta y Macia Alavedra, los cuales, por su parte, despliegan en el grupo una actividad agotadora para conseguir voluntades en el ámbito político y público a favor de sus 'clientes' o empresas a ellos vinculadas y percibiendo por ello las cantidades correspondientes", agregó.

FRAUDES Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Las actividades del grupo consistieron en lograr modificaciones de los planes de ordenación urbana, el cobro de comisiones, cohecho, fraude a la Hacienda, fraude en las subvenciones de la Unión Europea, exacciones ilegales y tráfico de influencias entre los componentes del grupo, "aprovechando los cargos institucionales de unos, la posición y contactos políticos de otros, y la actividad empresarial de los demás", según el relato del juez.

Prenafeta, ex secretario de Presidencia de la Generalitat, y Alavedra, ex consejero de Economía, habrían percibido al menos 637.590 euros por su intermediación en dos operaciones urbanísticas, mientras que Luis Andrés García, habría obtenido al menos ocho millones de euros, indicó Garzón en el auto.

El dinero obtenido por estas actividades fue invertido tanto dentro como fuera de España "a través de entramados societarios que consiguen la ocultación de los bienes de origen ilícito".