Todos los clubes de Segunda División, excepto el Levante, la Real Sociedad y el Celta de Vigo, acogidos a la Ley Concursal, saldaron antes de finalizar el plazo las deudas que mantenían con sus futbolistas, por lo que ningún equipo de la división de plata descenderá de categoría por impago.

Un descenso que sí se produjo en el caso del San Isidro tinerfeño, que la pasada campaña finalizó en la última plaza del Grupo I de Segunda División B, debido a que no abonó la deuda de 196.698 euros que el 29 de julio mantenía con diecinueve jugadores de su plantilla.

Ese destino también podrían correrlo aún otros siete equipos de Segunda División B -Algeciras, Burgos, Linares, Logroñés, Mérida, Portuense y Vecindario- que se encuentran a expensas de que la Asociación de Futbolistas Españoles valide los avales presentados hoy para saldar las deudas contraídas con los jugadores.

En el caso del Algeciras, con quince reclamaciones, las deudas se elevan hasta los 175.344 euros; por los 169.783 del Burgos, con diecinueve denuncias; los 432.217 del Linares, con veintiuna demandas; o los 391.052 euros que reclaman veintiún jugadores al Logroñés.

Por su parte, el Mérida, con diecisiete denuncias, adeuda, en espera de la confirmación de los avales presentados, 278.968 euros, por los 442.569 que reclaman veinticinco futbolistas al Portuense, o los 388.796 euros que suman las diecisiete denuncias de los jugadores del Vecindario.

Esas cantidades son infinitamente menores que los 16,7 millones, que el 29 de julio, reclamaban cuarenta y cuatro jugadores al Levante, al que como confirmó a EFE un representante de la Asociación de Futbolistas Españoles no se le puede exigir el pago, con la amenaza del descenso, tras acogerse a la Ley Concursal.

Esa situación se repite en los casos de la Real Sociedad, que ese mismo 29 de julio tenía diecinueve denuncias de impago por valor de 2,8 millones de euros, y del Celta de Vigo que acumulaba cinco reclamaciones que sumaban 1,2 millones de euros.