Publicado: 02.05.2014 00:01 |Actualizado: 02.05.2014 00:01

El CNI no tiene ninguna carpeta 'top secret' sobre el 23-F

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Los sucesos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 no tienen una carpeta top secret específica en los archivos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según explicaron a Público fuentes de dos administraciones diferentes que han mantenido durante muchos años una estrecha relación con el organismo que concentra los servicios secretos españoles.

"Sencillamente, no existe; ni archivo ni carpeta concreta", dijo a este periódico una de las fuentes consultadas. "No me consta", alegó otra fuente de forma más escueta. Estas respuestas no implican que se descarte la existencia de "papeles o documentos" —definición de una de las fuentes— relacionados con la intentona golpista en alguna dependencia de la administración, sino que no constituyen un dossier específico, según estiman las citadas fuentes.

En los últimos 20 años no ha habido por parte de las diferentes administraciones ningún intento para aglutinar en una sola "carpeta" toda la documentación relativa al 23-F. "Hay más libros y artículos que documentos oficiales; eso, seguro", explicó de forma gráfica una de las personas consultadas.

Hasta el momento, más de 33 años después, no ha habido un relato oficial de lo sucedido durante el secuestro de los miembros del Congreso de los Diputados y del Gobierno, salvo el alegato acusatorio del fiscal militar en el consejo de guerra contra los militares que, junto a un único civil, se sentaron el banquillo, y la propia sentencia del tribunal militar, posteriormente corregida por el Tribunal Supremo para aumentar las condenas.

Al margen del proceso instruido por el Consejo Supremo de Justicia Militar, instancia que se ocupaba de impartir justicia en aquella época en el ámbito de la milicia, los únicos documentos que se conocen de forma pública son dos: el relato que redactaron los cuatro secretarios de la Mesa de la Cámara baja —entre ellos José Bono, posteriormente presidente de la institución parlamentaria, y Soledad Becerril, actual Defensora del Pueblo— con fecha de15 de marzo de 1981, y el informe que leyó el ministro de Defensa, Alberto Oliart, ante el pleno del Congreso de los Diputados en una sesión a puerta cerrada días después de la intentona.

El texto del relato elaborado por los secretarios de la Mesa, compuesto por 35 páginas, fue difundido hace tres años por el propio José Bono siendo presidente de la cámara al cumplirse los 30 años de la ocupación del Congreso de los Diputados, junto a unas actas de daños ocasionados por los disparos en el hemiciclo solicitadas por el juez militar instructor en aquel juicio. Aquel relato se limitaba a una descripción lineal de lo ocurrido dentro de la cámara.

El informe del ministro Oliart, cuyo contenido fue publicado el 18 de marzo de 1981 por el diario El País, no ofrecía grandes novedades y dejaba en el aire muchos interrogantes, aunque en aquellos momentos supuso una referencia "oficial" de lo sucedido durante los días 23 y 24 de febrero de aquel año. Al final de su relato el propio Oliart indicaba que su discurso lo había construido en base a informes remitidos por las diferentes capitanías generales —la estructura territorial militar de entonces— y la dirección general de la Guardia Civil.

Y añadía: "Por el Ministerio del Interior se ha constituido una comisión mixta de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bajo una presidencia común para investigar posible responsabilidad de personas civiles. De dicha comisión dependen dos grupos de trabajo, uno de información y otro de investigación. El primero de ellos está integrado por personal del Cuerpo Superior de Policía, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, dirigidos por los vocales de la comisión representante de los correspondientes centros directivo". De esas investigaciones no constan resultados conocidos. En cualquier caso, ningún civil, aparte de Juan García Carrés, juzgado y condenado en el proceso militar, fue imputado como consecuencia de las investigaciones policiales.

Tras la polémica suscitada hace un mes por los contenidos de un libro escrito por la veterana periodista Pilar Urbano el grupo parlamentario de La Izquierda Plural —que integra a IU, ICV y Cha— ha presentado una batería de iniciativas en las que reclama al Gobierno que haga pública toda la documentación relativa a la intentona golpista del 23-F, al tiempo que se instaba a que el Gobierno pida al Fiscal General del Estado la apertura de una investigación para "esclarecer el papel del rey" y de otros personajes vinculados a la intentona militar.

"La disparidad de instancias de inteligencia que operaban entonces era muy diversa", señalan las fuentes consultadas, pese a la creación del CESID unos años antes por el general Gutiérrez Mellado en un intento de racionalizar toda la estructura heredada del franquismo: el SECED (Servicio de Control de Documentación), el SIAEM (Servicio de Información del Alto Estado Mayor), el SIPIG (Servicio de Información de la Presidencia del Gobierno), aparte de la inteligencia militar de los tres ejércitos (Tierra, Armada y Aire).

"Es probable que por eso no exista esa carpeta top secret específica del 23-F", sentencia una de las fuentes. Habrá que ver qué es lo que contesta el Gobierno a las preguntas del grupo La Izquierda Plural.

http://WWW.QUONERS.ES/debate/crees-que-el-rey-es-el-principal-instigador-del-golpe-del-23f