Publicado: 21.11.2013 07:15 |Actualizado: 21.11.2013 07:15

Cobrar una factura sigue siendo un reto en España

Se incumplen los plazos legales de pago, pese a que la morosidad ya ha forzado el cierre de 61.000 empresas

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Ni la Administración, ni las empresas, ni los autónomos, ni los particulares que tienen deudas: ningún colectivo cumple puntualmente en España sus obligaciones de pago. Algunas medidas han atenuado, pero no solucionado, un problema que ya se ha llevado por delante a 61.000 empresas, según la patronal Cepyme.

El mayor alivio han sido los tres planes de pago a proveedores puestos en marcha por el Gobierno, que cuando culminen habrán permitido liquidar ocho millones de facturas. Sus beneficiarios son 230.000 empresas y autónomos, que tenían pendientes de cobrar de las comunidades y de los ayuntamientos 41.000 millones de euros al inicio de la actual legislatura.

Pero de ahí a que el marcador vaya a ponerse "a cero", como ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, media un buen trecho. Según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), la Administración sigue tomándose su tiempo para pagar, hasta el punto de que en 2012 tardó una media de 141 días, a pesar de que el máximo permitido por la ley era de 40.

Este año las cosas siguen prácticamente igual, en opinión de la Organización Profesional de Autónomos y Emprendedores (OPA). Aunque el máximo legal ha bajado a 30 días, hay organismos públicos que no abonan sus deudas antes de los 140 días, con el consiguiente quebranto para los proveedores, que además tienen cerrado a cal y canto el crédito para circulante.

Sin embargo, no sólo el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos son malos pagadores; también las empresas privadas tienen los cajones llenos de facturas que no acaban de afrontar. La construcción, con 253 días de demora, es el sector que presenta mayores dificultades, según datos de la PMcM; pero las demoras son igualmente notables, por ejemplo, en la hostelería (174 días), en los transportes o en los servicios financieros (ambos con 156).

La situación llega a ser tan angustiosa para los acreedores con menos capacidad de resistencia que la Cepyme ha pedido un endurecimiento de las sanciones previstas por el "retraso intencional" en los pagos. De todas formas, las pequeñas y medianas empresas tampoco se tratan demasiado bien entre sí, según Cepyme: a 30 de junio pasado, se adeudaban 334.000 millones de euros, de los que un 66% ya estaban fuera de plazo y el periodo medio de pago era de 81,6 días, frente al tope de 60 que fija la ley para ellas.

El crecimiento de los impagos de particulares tiene un fiel reflejo en las cifras de las financieras, que suelen prestar dinero para bienes de consumo (automóviles, equipos de informática, electrodomésticos, viajes, etc.). En el último año, la tasa de morosidad ha subido casi dos puntos, del 9,71 al 11,64%, y no hay visos de que las cosas vayan a mejorar mientras el empleo no lo haga.

El espejo de toda esta situación es la banca, cuyos datos han empeorado durante los últimos meses, debido en parte a que ha tenido que reclasificar los créditos que había refinanciado. Créditos que, a juicio de la Asociación Española de Afectados por Embargos y Subastas (Afes), eran "una nube que impedía ver el estado real de la mora en España". Sobre una cartera total de 1,427 billones de euros, la banca tenía calificados en septiembre 182.206 millones como de dudoso cobro, lo que significa un 12,77% del total, el porcentaje más alto registrado nunca por el Banco de España.