La Justicia argentina ha sentado en el banquillo a los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone por presunta responsabilidad en la persecución de opositores bajo el Plan Cóndor, la estrategia de represión coordinada de las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 80.

Entre los 25 imputados en este juicio oral por crímenes de lesa humanidad figuran también el exministro del Interior de la dictadura argentina (1976-1983) Albano Harguindeguy y los exgenerales Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Bussi, Santiago Riveros y Ramón Díaz Bessone.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1, de Buenos Aires, juzgará los delitos cometidos contra 108 víctimas en una causa en la que declararán alrededor de 500 testigos y que podría prolongarse durante unos dos años, según el Centro de Información Judicial.

La mayoría de las víctimas eran ciudadanos uruguayos que fueron trasladados al centro clandestino de detención Automotores Orletti, en Buenos Aires, pero también se juzgan los casos de secuestrados de nacionalidad paraguaya, chilena, boliviana y peruana.

La Justicia argentina solicitó el pasado febrero, en el marco de esta causa, la extradición del exdictador peruano Francisco Morales Bermúdez, por la presunta deportación de trece peruanos a Argentina en 1978, pero fue denegada. La Operación Cóndor fue implementado por las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Paraguay para perseguir, asesinar, desaparecer o deportar a opositores políticos fuera de sus países.

La cooperación de los servicios secretos de los distintos estados se inició a partir del golpe de Estado que derrocó al socialista Salvador Allende en Chile en 1973. Una de las primeras víctimas de la Operación Cóndor fue el general chileno Carlos Prats, que se mantuvo leal a Salvador Allende y murió asesinado en septiembre de 1974 en Buenos Aires junto a su esposa Sofía Cuthbert.

No se tuvieron pruebas concretas del plan hasta 1992, cuando el activista paraguayo Martín Almada, víctima de la dictadura en su país, descubrió en dependencias policiales informes secretos después denominados los Archivos del terror, ya que eran documentos que detallaban operaciones represivas conjuntas. En los informes constaba la autorización a miembros de las fuerzas armadas y a paramilitares a cruzar sus fronteras nacionales para perseguir a sus conciudadanos refugiados en los países vecinos.

Videla, de 87 años, encarcelado en la Unidad Penal de Campo de Mayo, a las afueras de Buenos Aires, fue el primer gobernante de la dictadura argentina condenado a prisión perpetua, cuando en 2010 la Justicia le declaró culpable del fusilamiento de una treintena de presos políticos en 1976.

El año pasado, un tribunal condenó al exdictador a 50 años de cárcel por el plan sistemático de robo de bebés, hijos de perseguidos o desaparecidos, durante la dictadura.