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La Comisión del Parlamento Europeo avala la reforma del tratado para incluir el fondo anticrisis

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La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo está a favor de la propuesta de reforma del tratado de Lisboa que permita la creación de un fondo permanente con el que hacer frente a las crisis de deuda soberana que puedan ocurrir a partir de 2013.

Los eurodiputados de la comisión económica han remitido su voto a sus compañeros de la comisión de Asuntos Constitucionales del PE, que será la que tenga la última palabra antes de que el dossier llegue al pleno de la Eurocámara, han explicado fuentes parlamentarias a Efe.

La comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha avalado así que se introduzca una reforma en el artículo 136 del Tratado de Lisboa que permita modificar las actuales reglas de la unión económica y monetaria, que no dan cabida a un fondo permanente.

Se trataría de una modificación a aprobar por el procedimiento simplificado, lo que acelerará el proceso y minimizará el riesgo de que algún Estado convoque un referéndum de ratificación.

El texto del nuevo artículo afirma simplemente: "Los Estados miembros cuya moneda es el euro podrán establecer un mecanismo de estabilidad que será activado si fuera indispensable para salvaguardar la estabilidad de la zona euro en su conjunto. La concesión de ayuda financiera solicitada bajo el mecanismo estará sujeta a estrictas condiciones".

Los líderes europeos tienen previsto firmar en marzo la reforma limitada del tratado, una vez reciban los dictámenes de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo (PE) y el Banco Central Europeo.

A continuación, el nuevo texto se someterá a ratificación en cada uno de los veintisiete miembros, con objeto de que entre en vigor en enero de 2013, pocos meses antes de que caduque el mecanismo de rescate temporal.

Como la modificación no comporta nuevas cesiones de soberanía a las instituciones comunitarias, los juristas de la UE confían en que ningún Estado tenga que convocar un referendo y la ratificación se pueda discurrir por la vía más segura de los parlamentos nacionales.

La implicación del sector privado en el futuro mecanismo se articulará en línea con las prácticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) de modo que, en caso de que un país reciba la asistencia de sus socios, éstos tendrán un estatus preferencial de cobro sobre los tenedores privados de bonos del país.

Además, se alentará a los inversores privados a que mantengan su exposición a la deuda del Estado, cuando éste se considere solvente, pero se promoverá una renegociación de la deuda con los acreedores privados, en caso de insolvencia.

Los bonos emitidos a partir de junio de 2013, cuando caduca el fondo de rescate temporal, incluirán unas cláusulas de acción colectiva que permitirán "que los acreedores aprueben por mayoría cualificada un cambio vinculante en los términos de pago, en caso de que el deudor sea incapaz de pagar", según el borrador de conclusiones de la cumbre.