La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha abierto expedientes sancionadores contra las principales organizaciones de la industria alimentaria, que serán investigadas hasta concluir si vulneraron la ley pactando o propiciando las alzas de los precios de los alimentos de los últimos meses.

Aunque la CNC reconoce no haber encontrado pruebas de la existencia de "acuerdos explícitos" entre productores y comercializadores para elevar los precios, en el comunicado que hoy ha remitido considera que, a tenor de las investigaciones hechas hasta la fecha, estas asociaciones podrían haber incurrido en prácticas restrictivas de la competencia.

En concreto, la Comisión cree posible que las patronales alimentarias hayan incumplido el artículo primero de la Ley de Defensa de la Competencia, por el que se prohíbe todo "acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela", que pueda "impedir, restringir o falsear la competencia".

La CNC ha informado ya a todas las organizaciones expedientadas, y ahora se da un plazo de dieciocho meses para concluir sus investigaciones y, en caso de que se confirmen sus sospechas, sancionar a los culpables.

Con la apertura de los expedientes culmina una primera fase que comenzó en otoño del año pasado, cuando la Comisión inició de oficio investigaciones ante el fuerte encarecimiento de alimentos básicos.

El propio presidente de la CNC, Luis Berenguer, advertía entonces de que las declaraciones de los responsables de ciertas organizaciones alimentarias advirtiendo de la subida de precios parecía un "aviso a navegantes", es decir, al resto del sector para que encareciera sus productos.

Según el comunicado remitido hoy por la Comisión, las asociaciones expedientadas son diez, además de la organización en la que casi todas están integradas: la Federación de Industrias Alimentarias y de Bebidas (FIAB).

A la FIAB y siete de sus asociaciones se les ha incoado expediente para determinar si la política de comunicación que han puesto en práctica pudiera ser contraria al artículo primero de la Ley de Defensa de la Competencia.

La FIAB tiene previsto dar su opinión sobre la decisión de Competencia en una rueda de prensa que ha convocado para mañana.

Las organizaciones interprofesionales de productores de carne de pollo (Propollo) y de huevo (Inprovo) tienen también abiertos expedientes debido, en el primer caso, a las declaraciones públicas de sus representantes, y en el segundo a las notas de prensa publicadas sobre el alza de los precios.

La CNC investiga a Propollo por las declaraciones hechas en agosto por su secretario general, Angel Martín, quien explicó que el kilo de carne de pollo eviscerado podría subir entre 18 y 20 céntimos por el aumento de las materias primas y los costes de producción.

Para el presidente de Propollo, Federico Félix, las declaraciones de Martín sólo cuantificaban el aumento de los costes de producción, que finalmente, apuntó, no se trasladó a los precios, además de asegurar que "en ningún momento" ha habido pactos de precios ni subidas inducidas desde esta organización.

Inprovo ha sido expedientado por dos notas de prensa en las que advertía también de un encarecimiento de los huevos ante los fuertes aumentos de los costes de producción y de los piensos.

El último de los expedientes abiertos por la CNC es a la Asociación de Fabricantes de Pan del Principado de Asturias, aunque otras organizaciones de este sector podrían ser también investigadas por los órganos de competencia autonómicos, a los que la CNC ha remitido documentación sobre diversas declaraciones de sus responsables.

Tanto la Unión de Consumidores de España (UCE) como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) valoraron esta actuación de la CNC, que consideran también responde a sus denuncias sobre concertaciones de subidas de precios alimentarios, y recordaron que las sanciones por incumplir la Ley de Competencia pueden ser "millonarias".

Y es que como ha recordado la Comisión, las acciones de las asociaciones "se consideran también acciones de sus asociados" según la legislación española y comunitaria.

Así, si la Comisión concluye que las patronales alimentarias han vulnerado la ley, puede imponer multas por hasta el 10 por ciento de la facturación de los negocios de estas organizaciones -en caso de infracción muy grave- o del 5 por ciento -en caso de infracción grave-.