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Condena judicial a México por asesinatos en Ciudad Juárez

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó el jueves al Gobierno mexicano por deficiencias en la administración de justicia en los casos de tres mujeres asesinadas en la fronteriza Ciudad Juárez, que fueron parte de una ola de crímenes no resueltos en esa localidad.

La Corte, con sede en Costa Rica, dijo que las autoridades mexicanas no aplicaron medidas de protección para las mujeres en la violenta ciudad pese a saber que había un patrón de violencia que llevó a la muerte a 300 mujeres en los últimos 16 años.

Ciudad Juárez es un polo industrial del país pero también escenario de luchas entre bandas de narcotraficantes que batallan por las rutas de introducción de drogas hacia Estados Unidos. La ciudad está ubicada frente a El Paso, Texas.

y con ello su deber de garantizar - los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal", dijo el fallo de la corte.

Las decisiones de la Corte normalmente obligan a los estados miembros a tomar acciones para resolver los casos.

"Esto es vinculante", dijo a Reuters el portavoz del tribunal, Arturo Monge. "Las recomendaciones son obligatorias", agregó.

Una gran mayoría de casos de las llamadas "mujeres de Juárez" está sin resolver. Entre las recomendaciones de la Corte figura volver a investigar los casos y pagar a los familiares de cada joven una indemnización de 45,000 dólares.

El Gobierno mexicano no tardó en reaccionar al fallo. La secretaría de Gobernación (Interior) dijo en un comunicado que "estudiará detenidamente la sentencia y llevará a cabo los esfuerzos necesarios para su cumplimiento".

Pero señaló que la mayor parte de los puntos de la decisión se refieren a acciones que el gobierno federal y de Chihuahua ya han puesto en marcha.

El fallo de la Corte se refiere al caso de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos mutilados y con signos de violación fueron hallados en 2001 en un terreno baldío conocido como Campo Algodonero, en las afueras de la ciudad.

Los cuerpos de las jóvenes, que rondaban los 20 años, estaban junto con los de otras cinco, semienterrados.

Sucesivos gobiernos mexicanos desde 1993, cuando comenzaron los crímenes, así como autoridades del estado de Chihuahua, donde se ubica la ciudad, han recibido fuertes críticas de activistas por deficiencias en las investigaciones de los casos e incluso persecución a los familiares de las jóvenes.