El Parlamento de Venezuela confirmó hoy la reforma constitucional que limita la libertad de expresión en estado de excepción, uno de los más polémicos de un conjunto de cambios que en diciembre serán aprobados o rechazados en un referendo.

Cilia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional (AN, unicameral) y afín al gobierno del presidente Hugo Chávez, dijo confiar en que el artículo no tenga que aplicarse nunca, porque su activación significaría que están "en guerra, golpe de Estado, intervención, guerra o un desastre natural de proporciones mayores".

La legisladora fue ovacionada tras ello por sus colegas de la Asamblea Nacional, integrada por oficialistas debido a que los partidos de oposición no se presentaron a los comicios parlamentarios de diciembre de 2005, lo que significó su exclusión de ese poder.

Flores presentó esa reforma con algunos cambios, luego de que en los últimos días las críticas a las restricciones de derechos ciudadanos resonaron también en instancias pro-chavistas.

En ese sentido, el texto del artículo respectivo, cuyo debate se prevé que prosiga mañana antes de ser votado en la AN, mantuvo la vigencia del derecho al debido proceso, lo que inicialmente se pretendió restringir, aunque mantuvo la limitación a la información.

La periodista y vicepresidenta de la AN, Desirée Santos Amaral, aplaudió la limitación a la libertad de información en estados de excepción, al considerar que así "le conferirá herramientas al Estado para defenderse de los golpistas y garantizar la paz".

La directiva de la AN prevé que la próxima semana concluirá su labor de debate y redacción de todas las normas, para permitir que el Consejo Nacional Electoral convoque el referendo que decidirá la suerte de ellas, previsiblemente el próximo 2 de diciembre.

Las reformas apuntan a la instauración de un sistema político, social, económico y territorial que el gobierno y los diputados llaman socialista, aunque algunos, pese a aclarar que mantienen su apoyo a Chávez, se han sumado a las críticas opositoras y de la cúpula católica que denuncian un supuesto desvío "hacia un autoritarismo personalista".

Entre otros asuntos, los diputados ya aprobaron la reforma que faculta la reelección presidencial indefinida.

"No es constitucional que se pueda restringir el derecho al debido proceso", declaró la semana pasada el fiscal general, Isaías Rodríguez, aunque sí expresó su apoyo a la información restringida cuando en un estado "de conmoción interior, bélico", ésta se ponga "del lado del bando del país que nos invade", según explicó.

"El derecho a la información está siendo confiscado, es intangible (...) y solicitamos que sea restablecido", manifestó al inicio del debate uno de los diputados del minoritario bloque parlamentario del Partido Podemos (PP), a cuyos dirigentes Chávez calificó de "estiércol y traidores" y los incluyó en la oposición.

"Basta de descalificarnos diciendo que saltamos la talanquera (pasaron a la oposición) por fijar posición sobre lo que consideramos una violación de la Constitución (...) esperamos que el Tribunal Supremo de Justicia dilucide sobre este tema" antes del referendo, expresó, a su turno, el diputado del PP Juan José Molina.