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El Congreso aprueba, con críticas de la oposición, liberalizar el sector audiovisual

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El Pleno del Congreso aprobó hoy el real decreto de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones, mediante el cual se elimina el tope del 5 por ciento como máxima participación del accionista de una cadena en otra, aunque fue criticado por la oposición por considerarlo contradictorio.

Los votos a favor de esta medida fueron 317 a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, pero, a petición de diversos grupos de la cámara, se realizó una segunda votación para que se tramite mediante un proyecto de ley, lo que fue aprobado por 329 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, lo que permitirá introducir enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios.

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, defendió la necesidad de esta liberalización por considerarlo un "avance" en la normalización del sector audiovisual, del que dijo que necesitaba "reglas claras y estables".

Justificó su necesidad por la situación de crisis general, y también del sector, porque "su viabilidad depende de la publicidad" y esto, con la bajada de la contratación publicitaria, dificulta la viabilidad de los operadores.

Señaló, no obstante, que se elimina el tope del 5 por ciento, pero se incluye el límite del 27 por ciento de cuota de pantalla acumulada para aquellos operadores con más del 5 por ciento del capital en otra cadena; se le otorgarán sólo dos múltiplex y que siempre existan como mínimo 3 operadores de ámbito estatal.

En lo referente a la cobertura de la TDT, ha defendido la cobertura por satélite en aquellas zonas donde no llega la señal terrestre.

El ministro también defendió la inclusión en este decreto ley de la creación de una Oficina del Consumidor de Productos Energéticos porque ante la liberalización, considera necesario la existencia de un organismo público que actúe con eficacia por el derecho de los usuarios.

El portavoz del PP, Estaban González Pons, criticó que este asunto se llevara mediante el sistema del decreto y que el Gobierno no haya presentado aún una Ley General Audiovisual.

Calificó el decreto ley como un "batiburrillo" donde se habla de televisión y de una oficina de defensa del consumidor de productos energéticos y recordó que, tan sólo hace dos años, se aprobó un decreto de medidas liberalizadoras donde se otorgaron dos nuevas concesiones "para garantizar la pluralidad".

"Antes -ha señalado- se decía que tres operadores no eran suficientes para garantizar la pluralidad y ahora, mediante este otro decreto de liberalización del sector, se dice que con tres operadores se garantiza la pluralidad".

González Pons consideró que una manera de hacer frente a la crisis del sector es que TVE deje de emitir publicidad y anunció una iniciativa parlamentaria de su grupo en este sentido.

No obstante, González Pons ha anunciado su voto a favor del citado real decreto, por considerar que, a pesar de todo puede ser una solución para remediar la situación de crisis del sector.

Oscar López, portavoz del PSOE, defendió el decreto porque garantiza el acceso a la TDT de todos los ciudadanos mediante la solución del satélite y la pluralidad.

Recordó que el PP había puesto el desarrollo de la TDT en manos de la empresa privada, mediante la plataforma "Quiero TV", que no garantizaba esa pluralidad, y que el Gobierno actual ha adelantado la fecha del apagón al 2010.

Oscar López recordó que, durante la tramitación de la ley que regula a la televisión estatal, el PP votó en contra del recorte de publicidad de un minuto y que durante su etapa de Gobierno hizo dumping con los precios de la publicidad, aunque expuso la voluntad de su grupo de llegar a acuerdos mediante el consenso.

El PNV anunció su voto en contra, calificando el decreto de "parche" y criticando que el Gobierno no haya presentado una ley general audiovisual, y el grupo mixto anunció que votaría a favor si se debate como proyecto de ley.

ERC anunció su voto en contra porque no tiene en cuenta las competencias de las CCAA, y Llamazares, de IU, que ha dicho que el decreto fomenta la concentración, anunció que se abstendría.

Sánchez Llibre, de CiU, se mostró de acuerdo con la eliminación del tope del 5 por ciento y la liberalización del sector, aunque dijo no estarlo con la "invasión" de competencias autonómicas y se mostró partidario de que se tramitara mediante un proyecto de ley.