Publicado: 20.11.2014 17:56 |Actualizado: 20.11.2014 17:56

El Congreso aprueba la "regresiva" reforma fiscal de Rajoy

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Los partidos de la oposición en el Congreso, salvo CiU, han expresado este jueves una vez más su rechazo a la reforma fiscal del Gobierno, que ha superado su último trámite para poder entrar en vigor el 1 de enero, al considerar que hace el sistema tributario más "regresivo" sin resolver los problemas de ineficacia en la recaudación o fraude fiscal de los que actualmente adolece.

Para el portavoz socialista de Hacienda, Pedro Saura, esta reforma es una "oportunidad perdida" para solucionar los principales problemas del sistema (la lucha contra el fraude y la ampliación de las bases imponibles), que son los que provocan que pese a tener unos de los tipos más altos de la UE la recaudación esté entre las más bajas. Además, ha advertido de que el "estancamiento y la desigualdad" que "caracterizan" la situación actual del país no se resolverán mediante esta reforma fiscal, sino todo lo contrario, ya que los cambios impulsados por el PP suponen un "regalo fiscal al 10% más rico del país" mientras consagran "calderilla" para las rentas medias, los trabajadores, los autónomos o las pymes.

Alberto Garzón, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ha afirmado que esta reforma fiscal va contra los principios de la Constitución, que consagran la suficiencia del sistema para mantener el Estado del Bienestar y la progresividad en la contributividad. "La política de los últimos gobiernos ha sido antisistema. Van décadas de políticas fiscales erróneas para los intereses de la mayoría social pero muy acertadas para una minoría", ha dicho. Y es que mientras se mantienen las subidas de figuras "regresivas" como el IVA, se "favorece una estructura fiscal clasista" que es más beneficiosa para las grandes empresas que para las pequeñas, o modificaciones del IRPF que siempre son al alza para los pobres y a la baja para los ricos. "Esto no ha cambiado, esta reforma fiscal no ha cambiado el rumbo ni la filosofía regresiva", ha lamentado, criticando la escasa actuación en el ámbito del fraude fiscal.

También el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha lamentado que se haya "perdido una oportunidad histórica" para acometer la reforma fiscal que "España necesita desde hace tiempo", afrontando sus tres principales carencias: ampliación sustantiva de las bases imponibles, mejora de la lucha contra el fraude y simplificación del sistema. Algo que no solucionan tampoco las enmiendas del Senado, que son ""sólo enmiendas de imagen". Para Teresa Jordà (ERC), los cambios aplicados "agudizan la tendencia de que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres, cada vez más pobres". "Su reforma fiscal no es una reforma, es más de lo mismo", ha añadido, criticando que mientras el Estado "mantiene impunemente su despilfarro" no comparta con las comunidades autónomas el incremento de ingresos derivado de la subida, por ejemplo, del IVA.

Olaia Fernández Davila (BNG) cree que las tres leyes conllevan "meros retoques" que empeoran la "inequidad" del sistema y lo hacen "menos progresivo". "Se incrementa la injusticia en el reparto de la riqueza, y no se aprovecha para incrementar los ingresos del Estado mientras la mayoría social se empobrece", ha lamentado. Por Amaiur, Rafael Larreina ha mostrado su "preocupación" porque las leyes vuelven del Senado "casi peor de como entraron" en las Cortes, y ha criticado en particular la norma del IRPF, que "es regresivo y no beneficia a las personas con menos posibilidades". En cuanto al Impuesto de Sociedades, ha advertido de que "se sigue sin atajar el problema estructural fundamental del fraude y la elusión".

El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha valorado la modificación relativa a la actualización de balances, que los nacionalistas vascos habían acordado con el Gobierno en el Congreso pero que luego el PP no aceptó e incluyó en el Senado con una enmienda propia, prueba del "vampirismo político" del PP. Y ha reiterado su abstención en la mayor parte de enmiendas dado que el País Vasco tiene su propio marco fiscal.

Sólo Josep Sánchez Llibre, portavoz económico de CiU, se ha declarado "moderadamente satisfecho" con las negociaciones "duras, profundas y arduas" mantenidas tanto en el Congreso como en el Senado, que han permitido acordar cambios "muy importantes" que han permitido "salvar de la quiebra" a sectores como el de las flores y las plantas o el de las televisiones y radios autonómicas, y también mantener la exención en el IVA para los comedores escolares.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha reiterado su tesis de que la reforma fiscal conllevará una "subida de salarios" para los trabajadores españoles por la reducción del IRPF y también un "impulso" para las empresas al "mejorar su capacidad de competir y de invertir". "Los contribuyentes españoles percibirán sus efectos a partir de comienzos de 2015", ha indicado el ministro en declaraciones a los medios, cuando el Pleno del Congreso aún debatía las enmiendas del Senado a los tres proyectos de ley. Y ha añadido que esta reforma "se encaja en la política económica que está permitiendo que España salga de esta crisis con uno de los crecimientos más altos de la UE", lo que está contribuyendo también a la creación de empleo.

Según el Gobierno, la reforma devolverá 9.000 millones a los bolsillos de los contribuyentes entre 2015 y 2016. De ellos, el coste recaudatorio de las modificaciones introducidas en el IRPF ascenderá a 5.981 millones de euros (3.366 millones corresponderían al próximo año y 2.615 millones a 2016) y en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR) a 110 millones. Por su parte, la reforma del Impuesto sobre Sociedades (que se rebaja el tipo general al 25%) tendrá un coste para las arcas públicas de unos 3.000 millones de euros.