Año y medio después de su entrada en vigor, el famoso canon digital sigue en cuestión. Así lo recogen las conclusiones de la Subcomisión de la Propiedad Intelectual del Congreso de los Diputados, que durante los últimos meses ha metido mano a la espinosa problemática que rodea a los derechos de autor en la era digital. 'La subcomisión ha constatado la crítica de algún compareciente a la vigencia del canon, así como la demanda de una mayor transparencia en lo relativo a las cantidades cobradas como canon y su destino final', reza el documento, emitido por representantes de todos los partidos presentes en la subcomisión.

El informe hace clara referencia a que la tasa por compensación del derecho a copia privada no se cargue al consumidor, sino que sea asumida por los fabricantes de dispositivos de copia y soportes. 'Hay que trasladar al consumidor que el canon lo debe pagar el fabricante de la grabadora, porque él es el que obtiene el beneficio. Porque un MP3 sin música no es nada', declaró ayer a Público José Andrés Torres Mora, representante del PSOE en la subcomisión.

'El canon lo debe pagar el fabricante', dice Torres Mora, del PSOE

El miembro del PP José María Lassalle, también presente en este grupo de estudio del Congreso, dijo que 'el canon digital no es la solución adecuada. Habría que buscar fórmulas alternativas a la actual copia privada'.

La copia privada es un derecho que no existe en todos los países (sin ir más lejos, Reino Unido y Estados Unidos no la contemplan en sus legislaciones). Una lectura detallada de las conclusiones de la subcomisión revela que también este derecho está en cuestión. 'Sería conveniente llevar a cabo un estudio detallado sobre el daño que la copia privada produce en el sector cultural', expone el informe. 'No cuestionamos la copia privada', corrige Torres Mora, 'decimos que unos señores se presentaron ante la Subcomisión y dijeron que quizás no debería haber. En concreto, las entidades de gestión decían que la copia privada hace daño'.

'Hay que buscar alternativas a la copia privada', creen en el PP

El hecho de que la subcomisión haya dudado sobre las bondades del canon digital ha despertado el optimismo del presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo: 'Es interesante que se planteen que el canon no puede recaer sobre el consumidor, como ocurre ahora. El canon debe incorporarse en el original, en la película o el disco que te compres'.

Estas conclusiones conforman un documento consensuado por sus integrantes, diputados pertenecientes a PSOE, PP, CiU, PNV y ERC, donde se proyecta la opinión de los 25 comparecientes relacionados con la propiedad intelectual que fueron recibidos por la comisión. 'Es un documento en el que se le traslada al Gobierno la urgencia de que se cambie la Ley de Propiedad Intelectual. La ley actual tiene fallos y problemas y la sociedad, a través de los interlocutores adecuados, así lo ha expresado', subrayó Lassalle.

La naturaleza integradora del informe provocó que ayer todo el mundo estuviera contento. Si los internautas se felicitaban porque la subcomisión exigía a las sociedades de gestión 'estructuras de funcionamiento más eficaces y transparentes', estas últimas celebraron que las conclusiones 'respalden la necesidad de la proteción legal de los derechos de autor y los reconozcan como imprescindibles para el desarrollo de una industria cultural sostenible', como dijeron fuentes de la SGAE en un comunicado.

La naturaleza integradora del informe contentó a todos

El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) valoró que la subcomisión resaltase que los nuevos modelos de negocio en Internet 'no podrán desarrollarse, con la rapidez que sería aconsejable, sin un mínimo de seguridad jurídica, que garantice una tutela efectiva para los derechos de propiedad intelectual en que se basan'.

En este sentido, la subcomisión hace referencia expresa al 'cumplimiento de las normas de competencia' por parte de las sociedades de gestión. Se trata de una clara referencia al reciente informe de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) donde criticaba sus prácticas monopolísticas y su estructura opaca. Algo que la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, relativizó en una entrevista con Público a principios de este mes: 'Ese es el informe de una comisión que, como su propio nombre indica, es de la competencia, es decir, que lo que siempre va a pedir es que haya competencia, que vivamos en un gran mercado liberal. Ese no es el escenario en el que vivimos, las leyes son otras y las sociedades de gestión actúan conforme a la ley', dijo Sinde.

José María Lassalle incidió en que el informe de la CNC 'pone de manifiesto un asunto que está generando un debate social. Está en la calle. Las sociedades de gestión presentan una falta de flexibilidad en la negociación de las tarifas, hay falta de transparencia en su modelo de gestión... Volvemos a lo mismo: hay que reformar la Ley de Propiedad Intelectual para introducir mecanismos más flexibles en beneficio de los creadores'.

Si en algo coinciden todos los consultados es en el cambio del modelo de negocio, una realidad tan evidente como acuciante para sectores como el discográfico. El documento es contundente en ese sentido: 'La naturaleza inmaterial de las obras y su circulación, desvinculada de soportes, constituyen elementos de cambio en las industrias culturales que requieren una adaptación rápida de sus modelos de negocio lo que, quizá, todavía no se ha asumido completamente'.

Según José María Lassalle, 'hace falta que muchos cambien de mentalidad. Su futuro está determinado por un cambio de chip, adaptarse a la propiedad intelectual en la Red. Hay gente que ve en ello un peligro, como ocurrió con la Revolución Industrial, que había sectores que querían destruir las máquinas'.

Otro aspecto en el que hay consenso es en la complejidad de la problemática. 'Yo creo que las soluciones son cuantitativas, buscar procedimientos para ajustar las cosas gradualmente. Y hay que empezar por pacificar el diálogo sobre propiedad intelectual. ¿Cómo se puede tener un debate tan poderoso en la calle cuando la propiedad intelectual genera únicamente el 0,01% del PIB?', se preguntó Torres Mora.

La subcomisión insiste en sus conclusiones en volver la mirada hacia nuestros vecinos europeos y seguir las directivas y acuerdos de la Unión Europea elaboradas en los últimos años. 'Esto no lo puede resolver sólo España. Ni siquiera en Europa. Es una cuestión mundial', concluyó Torres Mora.